Tras la primera sentencia de 'la Manada' de los San Fermines de 2016 (la Audiencia de Navarra condenó a los cinco agresores por abuso sexual y no por violación, un fallo que corrigió después el Tribunal Supremo), el movimiento feminista se lanzó a las calles. Los eslóganes más repetidos fueron "no es abuso, es violación" y "sólo sí es sí”. Este último, precisamente, es el apodo con el que se conoce a la ley de libertad sexual, nacida en el seno del Ministerio de Igualdad y con cierto pique en el Gobierno y que será aprobada en el Consejo de Ministros. A partir de ahora, los diputados y senadores la debatirán en el Parlamento, donde será ratificada finalmente. Estas son las principales claves del texto del Ejecutivo, que pretende cambiar el paradigma, como ya sucedió con la norma contra la violencia machista.
Consentimiento expreso
En línea con lo marcado por el Convenio de Estambul, la ley especifica que en un acto sexual "solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”. El Código Penal incluirá, pues, una definición de consentimiento expresa para que los jueces puedan determinar si un acto de naturaleza sexual es o no agresión.
El modelo de consentimiento positivo ha sido implantado ya en otros países como Suecia o Gran Bretaña y supone que cuando la ley entre en vigor las víctimas ya no tendrán que acreditar que se han resistido o que ha habido intimidación o violencia. Todo acto sexual sin consentimiento será considerado agresión y desaparecerá, por tanto, la tipificación de abuso sexual del Código Penal.
Penas y agravantes
La agresión sexual será castigada con una pena de 1 a 4 años de prisión, frente a la horquilla de 1 a 5 años del Código Penal vigente. Y la violación, si hay penetración, de 4 a 10 años, frente a los 4 a 12 años de la ley actual. Pese a ello, fuentes de Igualdad aseguran que estos cambios no suponen una "rebaja de las penas", dado que en su opinión no se pueden comparar los dos textos legales porque ahora para se considere violación se exige que exista violencia e intimidación, exigencias que con el nuevo texto desaparecerán. Al refundir abuso y violación, se logran que las penas sean más proporcionales y se da más margen al juez para apreciar las diferentes circunstancias concurrentes en el delito, añaden las mismas fuentes.
La ley incorpora, además, un catálogo de agravantes específicas, entre las que se encuentran las violaciones en grupo (como la de los San Fermines de 2016), el uso de armas o de otros medios peligrosos. También se especifica como agravante el suministro de drogas que anulan la voluntad de la víctima o si la violación se produce en el seno de la pareja. Si concurre una agravante, la pena será de 12 años y con dos o más, el tope son 15 años, igual que en la actualidad.
Acoso callejero
La nueva norma tipifica por primera vez como delito el acoso ocasional o callejero, para penalizar expresiones, comportamientos o expresiones sexuales o sexistas que creen una situación humillante, hostil o intimidatoria con multas o bien arresto domiciliario, alejamiento o trabajo comunitario.
Se trata de una demanda de las organizaciones sociales, dado que es el principal riesgo que sufren las mujeres en las calles o discotecas y ya está penalizado en Francia, Portugal, Bélgica u Holanda. No hay datos oficiales, pero la organización no gubernamental Plan Internacional ha estudiado el fenómeno en cinco ciudades, Madrid, Kampala (Uganda), Sidney (Australia), Lima (Perú) y Nueva Delhi (India). Ss conclusión es que el acoso callejero es algo “sistemático y frecuente” y el “principal riesgo de seguridad” que afrontan las niñas y jóvenes de todo el mundo. De hecho, en la capital de España cuatro de cada cinco participantes relató episodios desagradables (masturbaciones incluidas).
Centros asistenciales
La ley incluirá la implantación de una red de servicios de información y asistencia integral especializada que incluirá los centros de crisis 24 horas recomendados por el Consejo de Europa. Su implantación progresiva será esencial para la recuperación de las víctimas de violaciones y otros acosos sexuales.
Dichos centros atenderán tanto a víctimas que han sufrido violencia sexual en el pasado como recientemente y están formados por equipos multidisciplinares. Ya existen en la Comunidad de Madrid y la idea es extenderlo al resto.
Explotación de mujeres
La ley recuperará las penas para los dueños de los prostíbulos que el PSOE despenalizó en 1995 y que provocó que en España se multiplicaran los locales de alterne. El Ejecutivo actual considera llegado el momento de castigar el proxenetismo en todas sus formas, por lo que el modifica el Código Penal para introducir un nuevo artículo que castiga con una pena de prisión de 1 a 3 años a los dueños de inmuebles que exploten mujeres.
