Desahucios en Navidad

Mientras el Consejo de Ministros aprobaba el pasado martes la prórroga de la suspensión de los desahucios hasta la finalización del estado de alarma el 9 de mayo, un juzgado de Alicante juzgaba y condenaba 'in voce' a una mujer por un delito leve de usurpación de vivienda a una multa de 270 euros y le daba un plazo de cinco días para marcharse voluntariamente de la casa okupada a principios de año y en la que vive con sus tres hijos al no poder sufragar un alquiler porque no tiene trabajo fijo.

Desde entonces, Eva María, de 51 años, ha iniciado una carrera contrarreloj para pedir ayuda ante la desesperación del panorama que se le avecina. Tras recibir el requerimiento del juzgado de Instrucción número 6, donde se le advierte de que "se procederá al desalojo a través de la fuerza pública" si no abandona la vivienda, acudió al Ayuntamiento de Alicante para intentar que le faciliten una vivienda de alquiler social, aunque le dijeron que era "muy precipitado" y no disponían por ahora de ninguna.

La Concejalía de Acción Social emitió en noviembre un informe sobre Eva María donde declara su "situación de exclusión social-vulnerabilidad" y este miércoles le facilitó a la mujer un escrito que presentó en los juzgados solicitando la suspensión de la ejecución de la pena por su extrema situación y que se posponga hasta que encuentre otra casa. Desde el Ayuntamiento aseguraron a este diario que están tratando de buscarle una solución.

Angustiada por la amenaza del inminente desahucio, Eva María relataba a Diario Información su delicada situación personal. Vive sola con sus tres hijos de 7, 17 y 20 años y no recibe ayuda alguna del padre de los dos más mayores ni del progenitor de la más pequeña. Esta mujer, que sólo trabaja "días sueltos" como auxiliar sociosanitaria, ya fue desahuciada del anterior piso por impago del alquiler y tras decirle en el Ayuntamiento que no había viviendas sociales decidió convertirse en okupa y entrar en una casa de Ciudad Jardín "con un evidente aspecto de abandonada". Afirma que entró a mediados de enero "sin emplear la fuerza", la acondicionó y la limpió de ratas y jeringuillas. Poco después fue denunciada por las propietarias y ahora se ve abocada al desalojo sin tener una alternativa para cobijarse. Stop Desahucios afirma que no se quedará de brazos cruzados si este viernes no hay una solución y critica que la Administración mire hacia otro lado.