El juez que investiga el desvío de fondos del Palau de la Música dejó ayer en libertad con cargos a los imputados Fèlix Millet y Jordi Montull, contra la opinión del fiscal y las acusaciones particulares, tras una declaración en la que ambos atribuyeron al otro la gestión fraudulenta.

En medio de una expectación insólita en la flamante Ciudad de la Justicia, con una treintena de medios y un número de periodistas y cámaras que rondaba el centenar, los que fueran presidente y director administrativo del Palau declararon ayer durante algo más de una hora cada uno ante el titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona.

En la vistilla posterior a la declaración, la Fiscalía pidió prisión sin fianza para los imputados, a lo que se adhirieron las acusaciones ejercidas por la Fundació Orfeó Català y por el Consorcio del Palau de la Música, alegando el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.

El ministerio público argumentó, además, que el riesgo de fuga es elevado por los «elevados recursos» de que disponen los querellados, algunos de ellos en el extranjero, y el «escaso arraigo social y laboral» de Millet y Montull, debido al reproche que ha suscitado en la sociedad su fraudulenta gestión al frente de una institución tan «singular» como es el Palau de la Música.

Sin embargo, el juez no apreció la existencia de esos riesgos y acordó dejarlos en libertad, imputados por los delitos continuados de apropiación indebida, malversación y falsificación documental, con la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el país.

Según informaron fuentes judiciales, en su declaración, a puerta cerrada, el ex presidente Félix Millet y su mano derecha Jordi Montull ratificaron la carta de confesión que remitieron al juez el pasado mes de septiembre, en la que admitían haber desviado 3,3 millones de euros.

Los imputados, que contestaron a las preguntas de todas las acusaciones, ampliaron los detalles de ese desvío de fondos, que aseguran destinaron a obras de reforma en sus viviendas y a viajes familiares.

Ambos se desvincularon de las operaciones en las que, según la Fiscalía, se produjo el desvío de los fondos del Palau, nutrido en su mayor parte de subvenciones públicas, y los dos han hecho cargar la responsabilidad de dichas operaciones sobre el otro.