El PP alertó ayer sobre las «enormes dificultades» que, según auguran, encontrarán los funcionarios públicos destinados a Ibiza si no se toman medidas «urgentes» para paliar los efectos del elevado precio de la vivienda o la insularidad, que «no está ni reconocida salarialmente por el Gobierno de España». El PP explica que ha elevado estas reivindicaciones a través sus parlamentarios en las Cortes Generales, Miquel Jerez y José Vicente Marí Bosó.
Según Jerez, «se avecina un año complejo para los funcionarios destinados en Balears, que van a experimentar las adversidades de una inflación disparada y sostenida en el tiempo y unos precios para el acceso a la vivienda inasumibles».
En este sentido, manifestó que «la carestía de la vida en las islas tiene una incidencia directa en la estabilidad de las plantillas y la prestación del servicio».
«Todas estas circunstancias adversas generan un clima de desarraigo entre funcionarios, en mayor medida entre los que tienen en Balears su primer destino forzoso. La búsqueda de un destino económicamente más sostenible es el siguiente paso. En 2002, según los sindicatos teníamos 5.324 empleados del Estado. Hoy no se alcanzan los 4.000»,señaló.
El diputado recordó que hace «tres o años cuatro administraciones socialistas firmaron un protocolo para la construcción de 120 viviendas sociales y dotacionales destinadas a funcionarios en el solar de la comisaría de policía. Tres años más tarde, en el mismo lugar, sigue existiendo el mismo solar».
«Donde podría haber viviendas disponibles a precios asequibles, sólo existen piedras y matojos. Govern balear y Ministerio del Interior son los responsables. Ha llegado el momento de pedir explicaciones», declaró Jerez.
Por su parte, el senador y presidente del PP de Ibiza, José Vicente Marí, insistió en la «urgente necesidad» de reconocer a los empleados públicos destinados «la compensación salarial que merecen por razón de la insularidad» y criticó además que «PSOE y Podemos se han opuesto en todas las ocasiones» que se ha planteado.
