La organización de consumidores y usuarios de Balears (Consubal) alertó ayer del incremento de «abusos e irregularidades» en los últimos meses en contratos de alquiler de viviendas.
Según el presidente de Consubal, Alfonso Rodríguez, «ha aumentado de manera alarmante» el número de consultas relacionadas con problemas en los arrendamientos de viviendas.
Por ejemplo, Consubal ha explicado que se están dando casos de propietarios que exigen, además de dos meses de fianza y el mes de alquiler, un pago correspondiente a un mes de alquiler en concepto de gastos de agencia, a pesar de no intervenir ninguna agencia de forma directa.
También ha mencionado que hay propietarios que requieren «condiciones imposibles para la mayoría de los arrendatarios», como tener contrato fijo, nóminas superiores a los 1.500 euros mensuales o prohibir cualquier tipo de mascota.
Gastos que no corresponden
Igualmente, la organización de consumidores ha lamentado que aprovechando la escasez de oferta haya propietarios que incluyen «cláusulas abusivas que rozan la ilegalidad», como asumir por parte del inquilino gastos que no le corresponden o impedir la domiciliación de los suministros (electricidad o agua), «cobrando el propietario dichos servicios sin justificar la veracidad de los importes».
La organización lamenta que aprovechando la escasez de oferta haya propietarios que incluyen «cláusulas abusivas que rozan la ilegalidad»
Consubal ha detallado que atiende a diario solicitudes de asesoramiento sobre los derechos y obligaciones de los inquilinos «ante estos abusos». «Son muchos los arrendatarios que han de asumir el mantenimiento de la vivienda, sus servicios, instalaciones y enseres como termos o electrodomésticos, a pesar de ser muy antiguos o encontrarse en mal estado», ha denunciado.
Otro de los abusos que se están detectando es el cobro de una cantidad fija para gastos comunitarios, sin que se demuestre la veracidad de las cuantías.
Escasez de medidas
En este contexto, Rodríguez ha criticado «la escasez de medidas, por parte de las administraciones, para paliar el grave problema de la vivienda en la comunidad y el insuficiente número de viviendas en alquiler puestas en el mercado por las administraciones, lo que conlleva una nula incidencia en la regulación de los precios».
Rodríguez ha recordado que en los últimos años se han construido «menos de 500 viviendas en una comunidad que necesita en torno a las 10.000 para nivelar la demanda».
