El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sant Josep ha acusado este lunes al PP de practicar "filibusterismo" y "oportunismo" ante el sufrimiento de los afectados por el desalojo del edificio A de los apartamentos Don Pepe.

En un comunicado, el consistorio ha respondido a la denuncia del PP de Sant Josep, que este domingo urgía al equipo de gobierno a abonar las ayudas por 500.000 euros que el Consell de Ibiza "dio la orden de pagar de manera urgente" el pasado 23 de diciembre.

El Ayuntamiento ha acusado a los populares de ejercer una oposición "ruin y desleal" y ha criticado que exija una diligencia que "no se aplica" en las instituciones donde manda.

En esta línea, el alcalde Ángel Luis Guerrero ha cuestionado que se exija al consistorio conceder las ayudas cuando solo ha tenido "tres días hábiles" desde que el dinero del Consell llegó a las arcas municipales.

"Es una nueva prueba del filibusterismo y el oportunismo que practica la derecha ante el sufrimiento de la gente", ha dicho el alcalde.

Guerrero ha señalado que el consistorio ha atendido a día de hoy "absolutamente todas" las demandas de ayudas económicas recibidas de las familias desalojadas, "con recursos propios del Ayuntamiento", y ha señalado que, de momento, sólo han llegado 300.000 euros, del medio millón anunciado por el Consell de Ibiza.

También ha lamentado que el Consell anunció en noviembre a "bombo y platillo" las ayudas por 500.000 euros, pero ha tardado "más de un mes" en hacer llegar el convenio, que se no se registró en el Consistorio hasta el 28 de diciembre y se devolvió "firmado el día siguiente".

"Nos piden una diligencia que no aplican allá donde gobiernan. Los fondos se ingresaron a las cuentas del Ayuntamiento el 1 de enero de este 2022", ha detallado Guerrero.

El primer edil ha señalado que las ayudas del Consell presentan "dudas jurídicas", por lo que pedirá de forma urgente una comisión de seguimiento para que la administración insular aclare "qué se puede pagar o no con este dinero"

En este sentido, ha detallado que el convenio prevé la llegada de 300.000 euros y da de plazo hasta finales de mayo para justificar en qué se han gastado siguiendo el criterio de los agentes de los servicios sociales. En caso contrario, el Consistorio tendría que devolver todo el dinero y no se enviarán los 200.000 euros restantes.

Por ello, ha indicado que, aunque el vicepresidente de la institución insular, Mariano Juan, anunció "reiteradamente" que cada familia recibirá 10.000 euros, lo que no ha explicado es que para ingresar el dinero cada afectado tendrá que justificar el gasto antes del 30 de mayo.

El equipo de gobierno insiste en que a día hoy no se ha desatendido ninguna demanda de ayuda para hacer frente a un alquiler o gastos de vivienda, ni el alojamiento a las familias que todavía no han encontrado piso.

Hasta el momento se han tramitado nueve ayudas, seis de propietarios y tres de inquilinos, y hay dos más pendientes de cobro que se aprobarán de manera inminente.