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Un juez obliga a Sant Antoni a pagar los daños por una fuga de fecales

El Ayuntamiento, condenado a abonar 3.500 euros a la gestora de dos establecimientos de comida en el Passeig de ses Fonts que se inundaron de aguas residuales en 2017 por un atasco en el alcantarillado

El Passeig de ses Fonts, en Sant Antoni. TONI ESCOBAR

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Palma ha condenado al Ayuntamiento de Sant Antoni a pagar a la empresa que explota dos locales de restauración en el Passeig de ses Fonts una indemnización de casi 3.500 euros, más los intereses, por los daños que produjo en los establecimientos una inundación de aguas residuales como consecuencia del atasco en la red de alcantarillado municipal.

En concreto, el bloqueo del alcantarillado provocó una fuga de agua por las arquetas de la acera que afectó al interior de los locales. Los hechos se produjeron en noviembre de 2017. El Consistorio desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial al entender que no había ninguna relación causal ni prueba que acreditase que un problema de la alcantarilla hubiera provocado los daños denunciados.

El juez recuerda que el municipio tiene la competencia en la gestión de las aguas de saneamiento y que la concesión del servicio a una empresa privada «no exime a la Administración de una responsabilidad in vigilando de los daños que pudieran proceder de una errónea evacuación y tratamiento de las aguas residuales».

Pese a que el Consistorio alegaba la falta del nexo causal, la sentencia indica que las fotografías aportadas evidencian que «la falta de evacuación de las aguas residuales anegaron la zona donde se encontraban los locales», lo cual, además, fue confirmado por el perito que compareció en el juicio. Si bien este explicó que no vio directamente los daños y que visitó los locales una vez se habían recogido, entendió que estos se produjeron como consecuencia de un atasco en el alcantarillado.

La defensa del Ayuntamiento negó esta posición, pero el juez considera que las fotografías, unidas a los informes periciales y las explicaciones del perito, «llevan a concluir lo contrario y, por tanto, la existencia de una responsabilidad de la Administración». Se estima la cuantía exacta que reclama el afectado por la fuga de fecales.

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