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El Pacto rechaza eliminar la Oficina Anticorrupción pese a su conflicto con Far

Una enmienda del PP a los presupuestos pedía suprimir el organismo, que cuesta 1,3 millones

La consellera Rosario Sánchez, ayer en el Parlament. | E.P.

Los grupos de la izquierda que apoyan al Govern, junto a Ciudadanos, rechazaron ayer una enmienda del PP a los presupuestos que pedía eliminar la Oficina de Lucha contra la Corrupción. Pese a los enfrentamientos entre el Govern y el organismo investigador, especialmente tras el expediente por las presuntas vacunaciones irregulares de altos cargos del Ib-Salut y del Consell de Mallorca, la izquierda no se atrevió a suprimir el organismo.

La diputada del PP Núria Riera argumentó que se trata de un organismo muy caro, 1,3 millones de euros, y solapa competencias con la Sindicatura de Comptes. Riera incidió en la dimisión del director de la Oficina, Jaume Far, que se hará efectivo el día uno de enero, a raíz de los enfrentamientos con el Ejecutivo. Según Riera, «el objetivo del Pacto es colocar una persona más dócil al frente de la Oficina Anticorrupción, ya que además han aumentado el presupuesto en unos 300.000 euros».

La consellera de Hacienda, Rosario Sánchez, se mostró contundente ante las argumentaciones del PP: «La eliminación de la Oficina de Lucha contra la Corrupción es una cuestión que depende de una ley aprobada por el Parlament. Por consiguiente, si quieren eliminarla deberán promover la modificación de esta norma. Mientras tanto, desde el Govern lo que debemos hacer es dotarla como marca la ley y el aumentó el presupuesto se debe a que así lo solicitó su director».

SALUD

El PI y PP consiguen colar enmiendas

El Pi consiguió que la izquierda le aceptara una enmienda que consistía en incrementar en 500.000 euros el Plan Estratégico de Salud Mental. Las propuestas del PP sobre incremento presupuestario a atención a la cronicidad y trastornos alimentarios fueron transaccionadas hacia otras propuestas de la izquierda por un montante que va desde 100.000 a 300.000 euros.

Maria Antònia Sureda, diputada de El Pi, también se mostró partidaria de realizar cambios en este organismo y propuso fusionarlo con la Sindicatura de Comptes.

Por otra parte, también fueron rechazadas por el Pacto ocho enmiendas de Ciudadanos a la conselleria de Medio Ambiente que pedía destinar cerca de 1,5 millones a la mejora de depuradoras en las islas y al mantenimiento de los espacios naturales.

Los naranjas sí consiguieron que el Govern les aceptara dos enmiendas a los presupuestos de la conselleria de Hacienda. Una de ellas hace referencia a impulsar la compra pública innovadora para fomentar la economía circular y la otra destinar 200.000 euros a becas de formación en Bruselas.

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