Todos los inmuebles del bloque A de los apartamentos Don Pepe fueron ayer desalojados «con mucha rabia y dolor, pero pacíficamente», en palabras de la portavoz de los vecinos, Silvia Hernández. Nadie opuso resistencia. Si bien se esperaba la llegada de una comitiva judicial para proceder a la entrega de las notificaciones de desalojo, de esta tarea se encargaron finalmente agentes de la Policía Local desde las ocho de la mañana, cuando llegaron a es Codolar tres vehículos de los agentes municipales y cuatro de la Guardia Civil, un despliegue «ridículo», en palabras de algunos vecinos: «Ni que fuéramos narcos u okupas», exclamaron algunos.
Los policías locales precintaron 23 viviendas de las escaleras 3, 4 y 5 en cuanto fueron desalojadas por sus propietarios. En cuatro casos, un cerrajero procedió a cambiar las cerraduras de sendas puertas al no haber ningún inquilino en su interior. El cerrajero, además, procedió a abrir la entrada principal del bloque 3 a las 8.10 horas, después de que, tras tocar el timbre de cada apartamento, los agentes locales no obtuvieran respuesta, pese a que había personas en su interior.
Un transportista contratado por el Consistorio se ocupó de trasladar los enseres de tres familias a una nave alquilada por el municipio. Además, una empresa de construcción cerró perimetralmente el edificio (en parte, volviendo a colocar las vallas metálicas que ya había y que estaban tiradas por el suelo). Mientras, el Ayuntamiento asegura que se hará cargo del coste de la vigilancia privada «que velará para que nadie entre en los pisos precintados». Precisamente, los propietarios temen que sus casas sean okupadas en breve.
En rueda de prensa, el alcalde, Ángel Luis Guerrero, explicó que de los 23 apartamentos desalojados ya hay «realojadas 20 familias». De estas, 12 ya están residiendo en los apartamentos Bonsol, y ocho propietarios tramitan ayudas para hacer frente al alquiler de un nuevo inmueble. Son numerosos los casos de familias que a ese alquiler suman el lastre de la hipoteca de su apartamento en el Don Pepe, que deberán seguir pagando religiosamente cada mes: uno de ellos aún tiene que liquidar nueve años más; a otro todavía le quedan 12 años para saldar el crédito.
Guerrero agradeció el comportamiento «pacífico» de los inquilinos, que en todo momento fue ejemplar. Incluso el jefe del dispositivo de la Guardia Civil dio las gracias a quienes actuaron como portavoces y, por momentos, como moderadores: «Entiendo que ha sido una decisión dura, difícil, complicada, pero no nos perdonaríamos que nadie sufriera algún percance por el estado del edificio», dijo Guerrero.
Pasado ese «mal trago», se inicia «una nueva etapa» en la que el Ayuntamiento «continúa trabajando con las otras dos administraciones involucradas (Govern y Consell) para encontrar una solución definitiva para esas personas y que no sea gravosa, pues lo han perdido todo». «No las podemos dejar atrás, les hemos de dar una solución como administración», añadió Guerrero. Queda por «cerrar» el tema de las ayudas del Govern y del Consell «y ver cómo se adjudicarán».
Cara a cara con Guerrero
Una vez la Policía Local precintó las tres escaleras del edificio A del Don Pepe, los vecinos afectados se dirigieron al Consistorio de Sant Josep: «Queríamos que el alcalde nos viera la cara, ya que él no quiso darla yendo a es Codolar», explicó uno de ellos, Javier Gallizia. Y como Guerrero «no quiso» recibirlos, los inquilinos desahuciados decidieron colarse en la Casa Consistorial, un «asalto», según un portavoz del equipo de Gobierno: «Como el alcalde no quiso vernos, nos metimos dentro. Hasta la puerta de su despacho. A grito pelado. Hemos gritado, sí, pero no hemos roto nada», tal como se puede apreciar en los vídeos que ellos mismos grabaron.
Policías locales impidieron el acceso al despacho. Los vecinos salieron poco a poco y sin violencia del recinto, y al cabo de unos minutos (sobre las 14.20 horas) se les comunicó que Guerrero los recibiría, pero con condiciones: a cada escalera dedicaría 15 minutos (que después se alargó mucho más: dos horas después Guerrero aún estaba reunido con los propietarios de la escalera 5) y sólo podría entrar un propietario por cada vivienda, es decir, un máximo de 10. Dos vehículos de la Policía Local y seis de la Guardia Civil aparcaron en las inmediaciones.
Ningún político se acercó ayer a los apartamentos Don Pepe.
