La presidenta de la Asociación de Vecinos y portavoz de los afectados por el desalojo del bloque A del edificio Don Pepe, Silvia Hernández, muestra su sorpresa por lo pronto que ha empezado el dispositivo, pues el auto del juez pone de plazo hasta las ocho de la tarde. “Es un dispositivo que ha venido de Mallorca. Los vecinos van a salir con mucha rabia y mucho dolor pero de manera pacífica”, explica Hernández, que así se lo ha comunicado al guardia civil encargado del operativo. “Vamos a colaborar mutuamente para que esto sea lo más tranquilo y pacífico posible”, agrega, y expresa el temor de los propietarios a que sus pisos vacíos puedan ser okupados.
El bloque debe ser desalojado hoy, en virtud de un auto judicial solicitado por el Ayuntamiento de Sant Josep, que ha decretado el estado de ruina del edificio. Propietarios de los pisos han sacado muebles y sillas al exterior y los van cargando en vehículos para llevárselos. “Hoy será un día muy duro”, añade Hernández.
La portavoz de los afectados explica que en el control de acceso al edificio, los agentes “están pidiendo el carné de identidad o un papel que demuestre que están empadronados. Lógico, porque lo que no quieren es que haya personas ajenas a los apartamentos”, agrega. La mayoría de los vecinos quedan en una “situación terrible”, añade: “Seguimos pagando hipotecas, aparte de la comunidad, que es necesario para afrontar lo que se nos viene encima, y un gasto mínimo de luz, para no tener que quitar los contadores; yo recomendé que no se quiten porque volveremos. En función de la cuantía de las hipotecas, los vecinos pagan una media de 500 o 600 euros, a lo que hay que sumar el alquiler, que en Ibiza está en 1.000, 1.200 euros. Entonces si le sumamos a esa mochila ese alquiler, nos ponemos en casi 2.000 euros… Luego tenemos que tener en cuenta los gastos de la vida, ¿cómo van a sobrevivir los vecinos? Estamos esperando que se firme el convenio entre el Consell y el Ayuntamiento para las ayudas de 500.000 euros, pero esto es algo provisional. El Ayuntamiento ofrece un alojamiento de dos meses prorrogables a cuatro en el Bonsol, pero eso es muy provisional”.
Hernández es muy dura con el equipo de gobierno, y especialmente con el alcalde: “Lo que más rabia da es la falta de empatía y sensibilidad. Porque el Ayuntamiento y el alcalde, Ángel Luis Guerrero, han solicitado la orden judicial teniendo sobre la mesa nuestro último informe hecho por profesionales de reconocido prestigio que dicen que estos apartamentos ni se caen ni son ruina técnica ni económica. Aparte de toda la rabia y la sensación de que a uno le están robando a plena luz del día su vivienda, está la sensación de que se están riendo en nuestra cara, porque teniendo un informe de profesionales de reconocido prestigio, aún así han continuado con la solicitud de la orden judicial. Si hubieran querido, no lo hubieran hecho. A las puertas de Navidad. Me parece terrible. La mayor parte de los vecinos estamos medicados, porque esto no se puede llevar bien”, critica.
