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Vivienda

Dueños de Punta Arabí denuncian el "calvario" por la okupación masiva del complejo

La portavoz de Unidas Podemos pide disculpas a los vecinos del Club Punta Arabí tras oír sus testimonios y lo que sufren por la okupación del complejo

Un momento de la intervención de los vecinos en el pleno| J.A.C.

La tercera jornada del control de acceso al Club Punta Arabí se presenta lejos del revuelo de los días previos. A las once menos cuarto de la mañana solo se observan seis vigilantes y el pastor alemán que acompaña al dispositivo desde el martes. Dejan salir a un coche repleto de enseres de uno de los okupas que decide abandonar el recinto.

Llega un joven con un podenco a la entrada principal, pero le impiden seguir por la calle privada que se adentra al recinto hotelero. Explica que se llama Elvis, lleva siete temporadas en la isla, es cocinero de formación y entró en uno de los apartamentos «hace cuatro o cinco meses». Es okupa desde el último año y anteriormente se había instalado en una casa de Cala Mastella.

«He decidido ir a la Policía Local, a ver si me ayudaban , porque desde que han venido los de Desokupa no podemos entrar ni salir por la puerta principal», indica Elvis. Él se apaña para pasar por otros puntos del recinto, «pero no están bien para otra gente». «No tengo mucho dinero, vivo solo y mi idea es llegar a un acuerdo para irme de aquí», detalla.

Minutos después, se observa a un grupo de una quincena de okupas que baja por la calle principal del complejo turístico para hablar con uno de los vigilantes. En la avenida Punta Arabí, un equipo de IB3 se prepara entrar en directo y entrevistar al que se ha convertido en portavoz de los propietarios, Nacho Sánchez. Además del suyo, hay unas 25 viviendas que pertenecen a particulares, repartidas en el mismo entramado de callejuelas y bungalows que conforman el complejo hotelero, convertido en poblado okupa desde el final del verano.

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Okupas en el mercadillo hippie de Punta Arabí

«Mucho más tranquilos»

«Ese que está hablando con el vigilante es uno de los líderes y está okupando una casa de un propietario. No solo han entrado en las del hotel», señala Sánchez desde la vía pública, a unos 30 metros de distancia. Saluda a uno de los miembros de Desokupa que se incorpora al dispositivo y le confiesa que, en los últimos días, viven «mucho más tranquilos». «Se ha ido mucha gente esta noche también, pero puede que aún quede un centenar de personas. Es imposible saber cuántos, pero hay muchos todavía».

Sánchez se despide para acudir al pleno municipal de Santa Eulària (ver página 8), donde le esperan más afectados como él y otros vecinos de la zona. Mientras, los vigilantes mueven ligeramente la barrera para dejar salir a un joven con una bolsa de trabajo.

"Ha habido adictos que han tenido que vender cosas para fumar cocaína"

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Se llama Abel y vive en el complejo hotelero desde «hace dos o tres meses». «Me gano la vida con el reciclaje de metales. A mí me dejan salir y entrar, porque conocen mi caso. Soy una persona normal, no soy dicto a las drogas», subraya. Afirma que nunca había sido okupa anteriormente. «Respeto la propiedad privada y cuando se me diga que me debo ir, lo haré sin problemas».

Abel dice que volverá a su caravana, «sin luz y sin agua», que dejó cuando se corrió la voz por esa parte de la isla de las facilidades para entrar en las habitaciones del complejo hotelero. «En el bosque de Cala Nova hay más gente que en todo es Canar», afirma . Abel es consciente de los robos cometidos en el Club Punta Arabí: «Ha habido adictos que han tenido que vender cosas para fumar cocaína».

"Mi hija ha visto gente pinchándose heroína. Tiene 14 años y ahora no puede andar sola por allí"

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Los vecinos informan al pleno

«Mi hija ha visto gente pinchándose heroína. Tiene 14 años y ahora no puede andar sola por allí», lamenta Pilar Liebrancón. Ella es una de las propietarias que ha acudido al pleno municipal para dejar constancia del «calvario del último mes y medio», desde que un reducido grupo inicial de okupas creció exponencialmente.

Antes de esta intervención en el turno de ruegos y preguntas, la portavoz de Unidas Podemos, Marta Maicas, ha presentado una batería de cuestiones al equipo de gobierno. Todas ellas van dirigidas a fiscalizar el control de acceso desplegado por Desokupa.

«Lo primero es defender la propiedad, pero no queremos que una empresa privada haga funciones de fuerzas del orden y con más violencia», manifiesta Maicas, que relaciona la crisis de Punta Arabí «con la precariedad y el problema de acceso a la vivienda». «Por ello, reclamamos VPO», añade.

En sus preguntas, Unidas Podemos inquiere al Ayuntamiento por si las personas que se trata de desalojar han presentado denuncias por amenazas o si los servicios sociales del Ayuntamiento se han movilizado para atender a familias vulnerables. También se interesa por si se ha comprobado si el dispositivo de Desokupa cumple con la legalidad.

Sin denuncias

El concejal de interior, Juan Carlos Roselló, informa de que no se ha recibido ninguna denuncia por amenazas en la Policía Local o la Guardia Civil, que también han verificado que el despliegue de seguridad privada cumple con la normativa. Detalla que, desde el inicio del control de acceso, ninguno de los okupas se ha dirigido a pedir atención a los servicios sociales, «que siempre tienen el protocolo de actuación preparado». Sí que hay dos de ellos que ya eran usuarios con anterioridad. Otro miembro del equipo de gobierno, Toni Ramón, informa de que el valor de la propiedad ha caído «entre un 40% y un 60% por la okupación».

Llega el turno de los vecinos e interviene Nacho Sánchez. «Señora Maicas, ¿usted ha acudido al lugar para hablar con nosotros o con los okupas e informarse para sus preguntas?». La portavoz de Unidas Podemos admite que no ha ido al Club Punta Arabí.

Los afectados empiezan a explayarse, con los robos, destrozos, perros de raza peligrosa sueltos trapicheos de drogas, niños sin escolarizar, fiestas clandestinas en la discoteca del club, amenazas, «golpes en la puerta para saber si vive alguien». Otro de los vecinos denunció a la Guardia Civil una agresión tras pedir a un okupa que retirara el coche que le impedía el paso a su casa. «Somos rehenes en nuestras casas y si llamamos a la policía, nos dicen que no pueden acudir porque ese recinto es propiedad privada», sentencia Sánchez.

Maicas pide «mil disculpas a los vecinos» por no haber ido a conocer su sitación in situ.

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