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Diario de Ibiza

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Urbanismo

El Govern evalúa de nuevo si se puede legalizar el bloque A de los Don Pepe en Ibiza

La consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, ya advirtió a los vecinos que es "un escenario poco probable", algo en lo que coincide el alcalde de Sant Josep

Sigue la lucha de los vecinos con la entrega de las 6.550 firmas en Mallorca | D. I.

La consellera balear de Presidencia, Mercedes Garrido, aseguró ayer en el Parlament, en respuesta a una interpelación del PP, que en la reunión del pasado jueves con el Consell y representantes de los vecinos de los apartamentos Don Pepe se concluyó que «se debe estudiar la situación urbanística» de los dos bloques de viviendas porque en función de ello «se pueden hacer obras de una manera u otra».

En concreto, se refirió a la ley balear de Urbanismo que, en su articulo 129.2, distingue dos tipos de viviendas fuera de ordenación: las edificaciones construidas sin licencia o que ésta haya sido anulada, en la cuales no se puede ejecutar ningún tipo de obra, y las implantadas legalmente en las que se hayan ejecutado obras de ampliación o reforma sin licencia. En este último caso sí se pueden autorizar obras de reforma, pero sólo en la parte legal.

En el caso de los apartamentos Don Pepe, sólo el bloque B tiene licencia (pero para cuatro plantas, no cinco) y ahora se analizará si se considera que en 1964 se concedió licencia para los dos edificios, aunque en los archivos municipales no aparezca el permiso del A, para que se pudieran legalizar y rehabilitar cuatro de las cinco plantas del edificio. «Aquí está el quid de la cuestión», subrayó Garrido.

En todo caso, la consellera de Presidencia recalcó por encima de todo que hay que ser «honestos» y explicar a los afectados «la verdad de lo que pasa». «Si se puede dar una solución, creo que hay que buscarla, pero si no se puede también hay que decírselo a la gente», recalcó Garrido, que criticó el «populismo y la demagogia» de la diputada ibicenca del PP Virginia Marí, que según dijo, sólo busca «pescar votos» con este asunto.

Compromiso con los vecinos

Según ha podido saber este diario, en la reunión del pasado jueves, Garrido informó a los representantes de los afectados que modificar la ley balear de Urbanismo no es suficiente para salvar las viviendas de los Don Pepe y que, pese a que se iba a estudiar la situación urbanística de las licencias para explorar si se puede autorizar su rehabilitación, este es el escenario menos probable y que, por tanto, había que centrarse en las medidas a corto plazo (ayudas sociales) y a largo.

De hecho, el alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, que asistió al pleno del Parlament, recuerda que los técnicos municipales entienden que el bloque A carece de licencia. «El Consell tampoco la ve y, en su informe, habla de posibles interpretaciones». Por ello, Guerrero reconoce también que es «poco probable» que pueda prosperar esta vía, aunque está dispuesto a que «se revise 20 veces» a la espera de que el Govern y el Consell «puedan dar algo de luz o interpretar algo distinto».

En su intervención de ayer en el Parlament, Garrido insistió en que, aparte de la modificación de la ley balear de Urbanismo, habría que cambiar también la delimitación de los espacios protegidos como LIC y ZEPA, la ley de Costas y la zona de afección y exclusión del aeropuerto. También dijo que en la reunión del pasado jueves, el Consell, gobernado por el PP, admitió que sólo la modificación de la ley urbanística no era la solución. El vicepresidente primero de la institución insular, Mariano Juan, aclaró posteriormente a este diario que nunca ha dicho esto, sino que «lo más simple es trabajar en el expediente administrativo y forzar que se dé la licencia para reformar las casas». «Dije que hay dos vías de trabajo: la urgente, para que las ayudas de emergencia lleguen ya a los propietarios, y la importante, que es que se pueda dar licencia de reforma», explicó Mariano Juan.

La diputada del PP Virginia Marí calificó de «hipócrita» y «caradura» al conseller balear de Vivienda y exalcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, porque este asunto empezó hace más de un año, cuando estaba al frente del Ayuntamiento, y «su mala gestión» ha provocado que estemos en «el punto actual». «Póngase en la piel de las 80 familias que van a echar de sus casas», dijo Marí a Garrido, al tiempo que destacó que «lo primero es la seguridad de las personas», y que «si no gustan» las propuestas del PP «se busquen otras».

Además de recordar que, según los informes de los vecinos, los edificios «no corren ningún peligro de colapsar», la diputada del PP pidió a Garrido que se pusiera en el lugar de los afectados. «A eso se le llama humanidad. Desde hace un año los vecinos están desesperados y ustedes no han hecho nada hasta la semana pasada. La mayoría de los afectados están bajo tratamiento psicológico», recalcó Virginia Marí, que agregó: «Dejen de engañar a la gente. Son los reyes de los desahucios».

Previsión de okupas

Asimismo, Virginia Marí pidió a la consellera de Presidencia que le aclarara «cómo se va a garantizar que no entren okupas en las viviendas tras el desalojo previsto para antes del día 17, aunque no obtuvo respuesta. Un portavoz del Ayuntamiento explicó que la Policía Local precintará las viviendas, pero que se puede evaluar alguna actuación de «blindaje» de los apartamentos si lo piden los propietarios. Además, la orden judicial de desalojo al estar amparada en el peligro para los residentes es válida para sacar a posibles okupas, según las mismas fuentes.

Entrega de 6.550 firmas en Mallorca

Por otra parte, dos representantes de los vecinos de los edificios Don Pepe se desplazaron ayer a Mallorca para entregar en la conselleria balear de Presidencia una copia de las 6.550 firmas de apoyo a la reforma de sus casas. La portavoz de los afectados, Silvia Hernández, aseguró que la lucha sigue adelante con «el convcencimiento» de que «el compromiso» de la reunión de la semana pasada dé «sus frutos» y se pueda «desenmarañar el lío legal y obtener la licencia para reformar sus casas», «sin olvidar» a los residentes que deben salir de sus casas antes del 17, «algo terrible que no debería ocurrir».

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