El conocido caso Scala, uno de los principales asuntos de corrupción que salpicó al Govern de Jaume Matas, y que terminó con uno de sus consellers, el ibicenco José Juan Cardona, en prisión, aún colea por los juzgados de Palma. El TSJB ha tenido que resolver una sorprendente demanda económica presentada por uno de los empresarios que fueron contratados a dedo por la empresa pública Cdeib, a cambio del pago de comisiones del 40% de la facturación, que pretende cobrar el dinero que aún quedaba pendiente por dos adjudicaciones públicas que no se habían abonado.
El demandante es Francisco García Cerrato. Se trata de un experto en consultoría, doctor en su materia, que tuvo un trato preferente cuando el Cdeib, que pertenecía a la antigua conselleria de Comercio, la dirigían la gerente Antònia Ordinas y el director general Kurt Viane. Ambos estaban a las órdenes del entonces conseller José Juan Cardona. Los tres terminaron en prisión por el cobro de comisiones. Los dos primeros ya han cumplido la sentencia que les impuso la Audiencia de Palma. Cardona, que fue sentenciado a 16 años de prisión, aún cumple la condena, aunque en estos momentos ya disfruta del tercer grado.
En este caso de corrupción lo que quedó demostrado es que los gestores de esta empresa pública se dedicaban a contratar a empresarios, para diferentes proyectos de promoción, a cambio de cobrar una comisión particular. Las facturas se inflaban para justificar este dinero.
Este consultor externo, que llegó a facturar más de 600.000 euros al Govern, se benefició de dos contratos a dedo, sin la posibilidad de que pudieran acceder otras empresas. Se le contrató para que realizara un estudio del valor de la marca Cdeib. Es decir, los gestores de esta empresa pública se gastaron casi 30.000 euros para conocer la estimación económica de la marca de la sociedad que gestionaban. El empresario Francisco García Cerrato fue en su momento imputado. Ante el juez confesó que había pagado comisiones económicas a cambio de la contratación. Por esta confesión tuvo que sentarse en el banquillo en el juicio del caso Scala. Inicialmente fue acusado de cohecho, fraude, falsedad y malversación. Pero como había confesado el pago de comisiones y había colaborado con la investigación, logró alcanzar un acuerdo con la fiscalía Anticorrupción. Fue condenado, pero no tuvo que ingresar finalmente en prisión.
Tras el escándalo del caso Scala, la empresa pública Cdeib desapareció. Fue absorbida por el Institut d’Innovació Empresarial de Balears, que se hizo cargo de todas las deudas que arrastraba la anterior sociedad pública.
Por esta razón la demanda judicial que presentó el empresario reclamaba el dinero a la empresa que sustituyó al Cdeib.
Los contrataciones que obtuvo este empresario del negocio de la consultoría se firmaron en el año 2007. Tuvo que esperar más de diez años en poder reclamar este dinero, ya que durante este periodo se celebró el juicio, se dictó sentencia y el Tribunal Supremo tuvo que pronunciarse sobre el caso.
El empresario alegaba que la sociedad con la que firmó la doble contratación, NTC Consultores, nunca estuvo implicada en la investigación. Y por ello entendía que tenía todo el derecho a reclamar este dinero público por el trabajo de valoración que había realizado sobre la marca.
Demanda rechazada
Sin embargo, los tribunales han frustrado el intento de cobrar este dinero público, ya que la demanda administrativa ha sido desestimada. El tribunal, guiándose por la sentencia penal, se muestra muy crítico con el sistema de contratación que utilizaba esta empresa que dependía de la conselleria de Comercio.
Así, se incide en que «no se observaba que se haya realizado la más mínima publicidad del contrato suscrito, sino que la mercantil cursa directamente propuesta económica al Cdeib, sin que conste fecha de recepción» Y, además, el tribunal añade que «tampoco aparece la necesidad de esa contratación, siempre realizada con carácter de urgencia y sin publicidad alguna».
El tribunal que ha resuelto esta reclamación económica al Govern califica de «devastador» el relato de la sentencia que condenó a los culpables de este escándalo de corrupción.
Y por esta razón, entienden los jueces que esta contratación firmada por el consultor no tenía ningún tipo de interés público, por lo que consideran que no tiene ningún derecho a cobrar ahora este dinero que no recibió en su momento por esta adjudicación a dedo.
Las comisiones guardadas en las cajas de Cola Cao
El caso Scala pasará a la historia de la corrupción de Balears por la famosa imagen del desentierro de las dos cajas de Cola Cao, donde Antònia Ordinas, la antigua gerente del Cdeib, escondía las comisiones que había cobrado. Fue tanto el descrédito que acumuló está empresa pública, que se creó para promocionar los productos de Balears, que el Govern no tuvo más remedio que disolverla. Se creó otra sociedad, con otro nombre distinto.
