El Consell de Ibiza ofrece un terreno de mas de 4.000 metros cuadrados en el paseo marítimo de Ibiza para que el Instituto balear de la vivienda (Ibavi), dependiente del Govern, pueda construir viviendas de protección oficial a los afectados por el desalojo de los apartamentos Don Pepe, en es Codolar (Sant Josep). Esta es una de las propuestas que se dieron a conocer ayer por la tarde después de que se celebrara en el Ayuntamiento josepí un primer encuentro entre las administraciones locales, que contó con la presencia de la consellera de Presidencia del Govern, Mercedes Garrido, para buscar una salida al «drama humano» al que se enfrentan los vecinos, tal y como calificó el alcalde, Ángel Luis Guerrero.
Esta primera reunión se centró, principalmente, en tratar los aspectos jurídicos y administrativos para vehicular las ayudas económicas excepcionales que se han habilitado para los afectados ante el inminente desalojo que, según orden judicial, debe producirse antes del día 17. Tras finalizar el encuentro, el vicepresidente del Consell, Mariano Juan, anunció su oferta para ceder los terrenos al Ibavi, subrayando que la ley permitiría que, «de manera excepcional», las viviendas se destinara específicamente para los vecinos del Don Pepe.
Según detalló Juan, las dimensiones del solar permitirían construir unas treinta viviendas, según el actual planeamiento urbanístico del Ayuntamiento de Ibiza.
Propuestas a largo plazo
En este proceso, que afecta a tres escaleras del bloque, se van a desalojar 28 apartamentos, mientras que en junio del año pasado se habían evacuado las dos escaleras restantes. En total, el bloque B de los Apartamentos Don Pepe, que el Ayuntamiento ha declarado en ruina, cuentan con 48 viviendas.
Por su parte, Sant Josep anunció la semana pasada que ha propuesto otros dos terrenos al Ibavi en los que construir VPO para los vecinos afectados, en esta caso en Can Burgos. Todas las opciones para encontrar una solución a largo plazo se tratarán en futuras reuniones, según avanzó Guerrero.
Además, reiteró que la posible demolición del inmueble será una decisión «que están estudiando los técnicos». Se da la circunstancia de que los informes municipales advierten de un riesgo de colapso, mientras que el de los expertos contratados por los vecinos niega este riesgo.
«Hay cinco normativas que habría que modificar [además de la autonómica], como la de Costas o la de Medio Ambiente»
Guerrero incidió en que no es posible cambiar la legislación para legalizar este bloque de mediados de los sesenta, que en los últimos años se descubrió que está fuera de ordenación porque no existe licencia de construcción en los archivos. «Hay cinco normativas que habría que modificar [además de la autonómica], como la de Costas o la de Medio Ambiente».
Respecto a las medidas a corto plazo, la única propuesta de alojamiento de que disponen los afectados es en los apartamentos turísticos Bon Sol, en Platja d’en Bossa, como en el caso de los desalojos de verano pasado. No obstante, si en aquella ocasión el Ayuntamiento costeaba la estancia durante dos meses, Guerrero aseguró ayer que podría ahora ampliarse durante más tiempo en caso de necesidad. También mostró su disponibilidad a abonar el alquiler en caso de que los vecinos encuentren una vivienda para este primer periodo de realojamiento.
Por otra parte, el Ayuntamiento cuenta con los 500.000 euros de ayuda extraordinaria aportados por el Consell y las subvenciones al alquiler comprometidas por el Govern, que serán de 450 euros para los adultos que vivan solos, 550 cuando si conviven dos o más adultos y de 750 en caso de familias con algún menor.
Por su parte, la presidenta de la comunidad de propietarios, Silvia Hernández, se mostró resignada ante el inminente desalojo pero indicó que «es de agradecer que se haya mantenido esta reunión con todas las administraciones».
«Ha salido el compromiso de que haya más comunicación y reuniones para encontrar una solución», valoró la portavoz de los vecinos afectados.
