En junio del año pasado comenzaba el calvario de los vecinos del bloque A de los Apartamentos Don Pepe. El desprendimiento de una parte del techo de una habitación provocó el desalojo de 14 personas. Días después, se ordenaba una nueva evacuación de otra escalera de las cinco que dividen el edificio. Entonces, la comunidad de propietarios se topó con que no se les autorizaba acometer la rehabilitación del inmueble porque no había constancia de su licencia de construcción, de mediados de los sesenta. En el archivo municipal sólo aparece el permiso del otro bloque de esta urbanización. Tras ordenarse el desalojo de las 28 familias que siguen viviendo allí antes del 17 de diciembre, una veintena de afectados se personó este jueves en el pleno de Sant Josep para dejar constancia de su drama.
¿Lo pasó mal escuchando los testimonios de esos afectados?
Claro. Tenemos que ponernos en su piel y eso conmueve, pero, aunque lo fácil sería agachar la cabeza, tenemos unas obligaciones. Traté de explicarlo en el pleno y no pude. Se ordenó el apuntalamiento de la primera escalera, pero se desoyó y tuvo que ejecutarlo el Ayuntamiento. Pasó lo mismo con la segunda, donde no nos dejaron entrar para apuntalar. Era obligación de la propiedad, igual que el estudio pertinente, y hubieran evitado que tuvieran que redactarlo los técnicos municipales. Primero corresponde salvaguardar a las personas ante el riesgo que detectan los técnicos, después debatiremos para asegurarles un bienestar.
Mientras trataba de finalizar el pleno, emplazó a los vecinos a la semana que viene. ¿Sigue en pie ese encuentro?
Sí, porque nos hemos dado cuenta de que no les ha llegado toda la información. Tenemos la obligación de recibirlos en pequeños grupos, porque con tanta gente es difícil hablar, para explicarles nuestras actuaciones y ver en qué hemos podido fallar. Lo más importante son las soluciones a medio y largo plazo y ver cómo vehiculamos las ayudas del Govern y el Consell. A corto plazo, solo disponemos de unos alojamientos en unos apartamentos turísticos, no hay otra opción.
¿No se habían reunido con ellos en los últimos meses?
Lo hicimos en muchas ocasiones cuando Agustinet [Josep Marí] era alcalde, siempre a iniciativa nuestra. El último encuentro con su abogado fue en junio, para comunicar que se iniciaría el expediente de ruina del edificio. Pusimos la oferta de compra [por 1,9 millones de euros] y a día de hoy no se nos ha contestado. Vimos en prensa que en una asamblea decidieron que no les parecía suficiente.
Los afectados manifestaron que, con los precios de Ibiza, no podían buscar una alternativa con una compensación de 29.000 euros por piso.
Lo entendemos, pero un edificio en esas condiciones tampoco se puede pagar a precio real. Fue un profesional independiente el que lo valoró. También trasladamos a la comunidad que, si aportaban una tasación de mayor precio, la estudiaríamos. Todo el mundo asegura que habría que compensarles con más dinero, pero debe justificarse una cifra, porque son las arcas públicas.
¿Pero el Ayuntamiento se ha planteado alguna alternativa que no sea el derribo del bloque?
Muchas. Entre ellas, la concesión de la licencia de construcción del inmueble, pero no es posible con la normativa actual. Somos un poder ejecutivo, no legislativo. Con la ley del suelo, Costas y el reglamento de disciplina urbanística, no se puede autorizar la rehabilitación. A partir de ahí, nos volcamos para paliar el drama humano al que se enfrentan.
Su partido y el resto de formaciones en el Govern rechazaron esta semana una propuesta parlamentaria para modificar la ley de urbanismo, copiada de Cataluña, que, según el PP, permitiría rehabilitar el edificio.
El PP busca una amnistía total para cualquier edificación fuera de ordenación, sin especificar que sean plurifamiliares. Las modificaciones se deben realizar cuando son necesarias, y este sería uno de los casos, pero también deben ser efectivas. Recordemos la Casa Cretu, cuando se quiso cambiar la normativa a través de la ley de presupuestos. Al final no se pudo legalizar y tuvo que ser derribada. El Govern, que es el que podría cambiar la legislación, parece que no es favorable. Además, debería modificarse la ley estatal de Costas y el reglamento de disciplina urbanística.
Hace cuatro años, el Parlament ya modificó la ley de urbanismo ad hoc para Sant Josep, permitiendo la ordenación de los terrenos de Platja d’en Bossa desde el Ushuaïa a Sal Rossa y la legalización de 200 viviendas en Cala Tarida...
[Interrumpe] Eso no es verdad.
Usted mismo defendió en ese momento [como concejal de Urbanismo] que esa modificación era necesaria para salvar las viviendas de Cala Tarida que estaban fuera de ordenación.
El Parlament aprobó una disposición transitoria a la ley de urbanismo, que ya contemplaba la ley de ordenación y uso del suelo. No se legalizan. Allí se indica que aquellos suelos, con una superficie construida del 90%, podrán ser incorporados en la revisión de los planeamientos municipales. La parte entre Cala Tarida y Cala Molí que da a la costa sigue siendo rústica protegida. Pasa lo mismo en otro sector en Port des Torrent o el de ses Variades de Sant Antoni. Ahora, el Ayuntamiento no puede hacer ninguna infraestructura del Hard Rock en adelante, cosa que choca con la realidad. Esas casas de Cala Tarida están en rústico protegido, pero tienen licencia. No iban a tener que derribarse, pero sus propietarios no pueden reformarlas ni hacer obras. Por eso era necesaria esa transitoria.
En cualquier caso, allí hubo voluntad política para buscar una solución.
Se trata de una solución de futuro para todo un sector que sigue siendo rústico protegido. Con ese cambio normativo, el Parlament da esa posibilidad, pero son casos completamente distintos.
El diputado socialista Joan Ripoll argumentó, para rechazar la propuesta, que el PP favorecía una amnistía urbanística y que los Don Pepe requiere una solución social. ¿Tienen algún acuerdo con Govern y Consell?
Con el Govern nos hemos reunido varias ocasiones en agosto y septiembre, mientras que con el Consell solo tuvimos contactos a través de documentos hasta el sábado pasado. Me llamó el presidente para ponerse a nuestra disposición y de los afectados. Por fin se han comprometido unas aportaciones económicas y valoramos que se den cuenta de que estamos ante un drama que supera al Ayuntamiento. Hasta ahora, nos hemos sentido muy solos.
¿Y qué soluciones contempla a largo plazo?
Mientras no se rebatan los informes técnicos municipales ni haya un cambio de normativa que permita rehabilitar el edificio, la solución es la reubicación definitiva de estas personas. Por ello, el Ayuntamiento ha puesto a disposición del Instituto balear de la vivienda (Ibavi) dos terrenos en Can Burgos para construir Viviendas de Protección Oficial.
¿Estas VPO se destinarían a todos los afectados?
Nos gustaría que así fuera y allí es posible construir los 48 apartamentos, pero al final es el Ibavi el que decide. El Consell también podría modificar algún suelo rústico cercano a uno urbano para que se puedan construir VPO.
El informe técnico que han encargado los propietarios a un doctor en ingeniería y a una doctora en arquitectura indica que no hay riesgo de colapso. ¿Podría darse marcha atrás a la declaración de ruina?
Los vecinos presentaron ese informe hace un mes y ahora los están analizando los técnicos. No es una cuestión política, sino que, si hay una base suficiente para admitir esas alegaciones, será una decisión técnica.
El informe de la comunidad también cifra en 400.000 euros el coste de rehabilitar el edificio, una cifra muy inferior a la indemnización que propone el Ayuntamiento.
No se trata de una indemnización. Es una oferta de compra para ayudar a los afectados debido al problema social que supone al tratarse de un edificio de viviendas plurifamiliares.
Se acaban de presentar los presupuestos municipales, que incluyen la remodelación de la bahía de Portmany. Cada vez hay más falta de suministros en la construcción. ¿Pueden sufrir retrasos estas obras?
Es muy pronto para decirlo. Es un proyecto muy ambicioso, con una inversión de 20 millones de euros entre Govern, Consell y los dos ayuntamientos (Sant Josep y Sant Antoni). Hace un mes nos trajeron el trazado final para pedir las concesiones administrativas en la servidumbre de protección de Costas. Ahora hay problemas de suministros, pero confío en que cuando se superen todos los trámites para licitar las obras, se hayan resuelto.
El auditorio de es Caló de s’Oli supone un primer paso para renovar la zona. ¿Cuál es el balance de los primeros meses?
Más que positivo. Para mí es el edificio moderno más bonito de Ibiza. Con el uso que se le da cada fin de semana, con actuaciones y su programa cultural, muchas empresas se están interesando por organizar algún evento allí. Algunos aseguraban que Cala de Bou no necesita un auditorio. A toda la isla le hacía falta una plaza abierta al mar y abrazando la puesta sol. La gente está muy contenta con su funcionamiento y animación.
¿Ha satisfecho al auditorio las ganas que tenía la gente de salir y contar con actividades?
Mentiría si dijera lo contrario. No hay otro espacio público así, lo más parecido es sa Punta des Molí en Sant Antoni. Hay que tener en cuenta que en Cala de Bou viven 13.000 personas que no tenían ninguna oferta cultural. Su programación tiene un cariz más desenfadado que Can Jeroni y ha calado muy bien entre el público.
Llegó al mando del Ayuntamiento en plena crisis del covid y de los Don Pepe, con la dimisión de la teniente de alcalde Ana Ribas, a la que luego se sumó la de la concejala Noemí Bonet. ¿Esperaba encontrarse semejantes obstáculos?
En ningún momento me había planteado ser alcalde. Estaba muy bien como concejal apoyando a [Josep Marí Ribas] Agustinet, que me dejó un gran equipo. No existía crisis en el gobierno, aunque pudiera parecerlo. Ana Ribas es mi amiga y me comunicó que no quería seguir en política. Me apenó muchísimo, porque es muy válida. Pasó lo mismo con Noemí, que nos confesó que la política no era lo suyo y que tenía que elegir entre su familia y el trabajo. Cuando empecé a formar parte del equipo de gobierno en 2007, la primera crisis a la que me enfrenté fue una amenaza de bomba en el aeropuerto. Luego se hunde el Don Pedro, se producen los deslizamientos en es Cubells, un cap de fibló en Cala de Bou, ahora el covid, los Don Pepe… Somos un municipio complejo, con mucho territorio que dificulta la gestión del día a día. Pero después de todo esto, solo puede ir a mejor.
Le ha surgido otra polémica por la compatibilidad de su dedicación como alcalde con la titularidad de una licencia de taxi en Sant Antoni. Otros ayuntamientos, como el de Ibiza, consideran que estas licencias deben explotarse en exclusividad. ¿Teme llegar a perderla?
Sant Josep adapta su ordenanza en 2015, que fija que no es necesaria la exclusividad porque así se establece en la ley del 2014, promovida por el PP. Sant Antoni acaba de adaptarse a esta misma normativa, por lo que en nuestro municipio debería haberse creado en 2015 la misma polémica que ahora se da allí. Antes de asumir la alcaldía, pedí un informe de Secretaría para aclarar si se puedo compaginar el cargo como alcalde con la posibilidad de tener una licencia de taxi en otro municipio y no existe ninguna incompatibilidad. Además, según la ley del 79, se puede contratar a una persona para que explote esa licencia y el titular queda exento de esa exclusividad.
Como titular de una licencia, ¿daría apoyo al parón que plantean los taxistas de Vila por la obligación de descansar un día a la semana en verano?
Eso no me concierne. Vila es soberana en su reglamentación y si considera que esos taxis deben parar un día por semana, lo tendrán que poner en su ordenanza. El de Sant Josep no lo hará, porque en verano es cuanto más falta de servicio tenemos y necesitamos a todos nuestros taxis en la calle.
«No existe ninguna incompatibilidad con mi licencia de taxi en Sant Antoni»
P: Le ha surgido otra polémica por la compatibilidad de su dedicación como alcalde con la titularidad de una licencia de taxi en Sant Antoni. Otros ayuntamientos, como el de Ibiza, consideran que estas licencias deben explotarse en exclusividad. ¿Teme llegar a perderla?
R: Sant Josep adapta su ordenanza en 2015, que fija que no es necesaria la exclusividad porque así se establece en la ley del 2014, promovida por el PP. Sant Antoni acaba de adaptarse a esta misma normativa, por lo que en nuestro municipio debería haberse creado en 2015 la misma polémica que ahora se da allí. Antes de asumir la alcaldía, pedí un informe de Secretaría para aclarar si se puedo compaginar el cargo como alcalde con la posibilidad de tener una licencia de taxi en otro municipio y no existe ninguna incompatibilidad. Además, según la ley del 79, se puede contratar a una persona para que explote esa licencia y el titular queda exento de esa exclusividad.
P: Como titular de una licencia, ¿daría apoyo al parón que plantean los taxistas de Vila por la obligación de descansar un día a la semana en verano?
R: Eso no me concierne. Vila es soberana en su reglamentación y si considera que esos taxis deben parar un día por semana, lo tendrán que poner en su ordenanza. El de Sant Josep no lo hará, porque en verano es cuanto más falta de servicio tenemos y necesitamos a todos nuestros taxis en la calle.
