Una veintena de vecinos de los Don Pepe expuso ayer al pleno de Sant Josep la dramática situación que están sufriendo ante la orden desalojo de sus viviendas antes del 17 de diciembre y la amenaza de derribo debido a la declaración de ruina del edificio. Finalmente, el alcalde, Ángel Luis Guerrero, dio por concluida la sesión durante el turno de preguntas tras ser insultado por una afectada que perdió la compostura, a la vez que emplazaba a los propietarios a una reunión la semana que viene.
Previamente, el pleno, largo y farragoso con las intervenciones de los siete grupos políticos que forman la corporación, se había desarrollado con normalidad. Una veintena de vecinos se había concentrado a las nueve de la mañana frente a las puertas del Ayuntamiento, donde media hora después comenzaba la sesión.
«Humanidad y respeto»
Tras cerca de tres horas de debate político, en el que se sumaron al minuto de silencio por el Día Internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres, los afectados del Don Pepe aprovecharon el turno de ruegos y preguntas para reclamar «humanidad» al equipo de gobierno y una salida digna a la incertidumbre a la que están abocados.
Antes que ellos, la concejala de Vox, Pino Vidal, se había interesado por las ayudas económicas a estos afectados, «sabiendo que hay 35 millones de euros de remanente» municipal. El alcalde valoró que estas aportaciones se iban a incrementar gracias a los 500.000 euros anunciados por el Consell y al compromiso del Govern de complementar ayudas individualizadas a la vivienda hasta tres años. Inquirido por los cambios legislativos para rehabilitar este bloque, del que no consta licencia de construcción en el archivo municipal, Guerrero incidió en que es competencia del Govern y que la formación de Vidal puede presentar iniciativas al respecto en el Parlament balear.
"La comunidad de propietarios reclama que se estudie el informe técnico contratado por ellos que niega que exista riesgo de colapso"
El primer afectado en intervenir, Javier Gallizia, recordó que los expertos contratados por los vecinos niegan que exista riesgo de derrumbe en el inmueble. «¿Habéis estudiado ese informe? ¿Cómo podéis solicitar una orden de entrada sin haberlo mirado?», insistió. El alcalde explicó que el Ayuntamiento estaba evaluando ese estudio de la propiedad y que la orden de desalojo obedecía a que los funcionarios «creen que hay un riesgo para la seguridad». «Son procesos diferentes», aseguró, insistiendo en que los criterios técnicos decidirán el futuro del bloque.
«Somos propietarios»
Guerrero solicitó que no se cortara el tiempo de intervención de los vecinos y, a la hora de abordar sus respuestas, trató de recordar toda la cronología de esta crisis urbanística. «Ya nos sabemos toda la historia, lo que queremos es empatía», le interpeló Anisa Mohamed. «Somos propietarios y queremos que se nos respete. Ni somos okupas ni venimos a pedir limosna», subrayó, esta vecina dirigiéndose a la concejal de Unidas Podemos Guadalupe Nauda, a la que acusó de compararlos con un caso de okupación de Santa Eulària en un debate de la TEF [la edil lo negaba desde su asiento, pero el alcalde no le dio el turno de réplica].
Mohamed protagonizó el turno final del pleno con un discurso directo y firme, pero en el que también agradeció al alcalde que les permitiera intervenir -«si usted quiere, nos puede ayudar y salir por la puerta grande»-. Se da la circunstancia de que esta vecina el día anterior sufrió una crisis de ansiedad en el mismo Ayuntamiento, donde participó en la entrega de 5.660 firmas de apoyo a los Don Pepe, tras lo que fue recibida por el alcalde.
Mohamed confesó que estaba en tratamiento psicológico «por todo el daño moral irreparable». Otra vecina, también en tratamiento, acabó perdiendo los estribos narrando la tragedia de su familia, con dos hijas menores y que ahora no se pueden empadronar. Su acaloramiento llegó al punto de proferir varios insultos interrumpiendo al alcalde, momento en el que este decidió concluir la sesión y emplazar a los interesados a una próxima reunión.
Quedaban así en el aire buena parte de las preguntas de los asistentes, como si los vecinos del otro bloque de la urbanización también iban a ser desalojados o si había garantía de que, en el futuro, el terreno no se pudiera recalificar. Aunque sí que pudieron dejar claro que en Ibiza les es imposible encontrar una vivienda de alquiler digna y seguir pagando sus hipotecas de las casas que pierden.
