«Voy a luchar por mi casa», afirma Anisa mientras cierra con precinto una de las cajas en las que, desde el sábado, empaca 18 años de su vida. «Me gustaría que un juez me dijera qué delito he cometido», comenta desde el salón de su casa, un primer piso del número 4 del bloque A de los apartamentos Don Pepe en el que vive con su marido, sus dos hijos y su perro Hércules, que, protegido del frío con un jersey azul, curiosea entre los bultos. «Mi hijo pequeño», comenta. Con intención. Ni se le pasa por la cabeza dejarlo en una perrera hasta que encuentren un lugar en el que instalarse. La de Anisa es una de las 28 familias que viven en el bloque que el próximo 17 de diciembre debe desalojar el Ayuntamiento de Sant Josep, según el auto dictado por el juzgado 3 de Palma.
«El Ayuntamiento, en el 65, dio el ok a estos edificios que ahora el conseller de Vivienda dice que son ‘errores del pasado’. Pues que apechuguen con ello, pero no. Nos echan a la calle sin más», señala la propietaria, que, como la mayoría, no se siente en peligro en su casa. «Mira, ni una grieta hay», comenta dirigiendo las manos a techos y paredes. El sábado, cuando se enteró de que los echaban de casa en vísperas de Navidad, tuvo un ataque de ansiedad. La incertidumbre en la que vive desde hace más de un año y medio le ha pasado factura. El próximo viernes tiene una nueva cita con la psicóloga. «Nos están robando nuestras casas, acabando con nuestra salud y destrozando nuestras familias», señala Anisa, que exige a los políticos una solución.
De momento, no se han puesto en contacto con ella para ofrecerles un lugar provisional en el que vivir. «Lo sabemos por la rueda de prensa», afirma la propietaria, que va guardando las «cosas y papeles importantes» en una maleta para, con el jaleo de cajas, no despistarlas. «Esto es injusto. Nadie ha velado por nosotros», continúa apoyada en la pared de la entrada, donde su hija Yasmina pintó un árbol de la vida. «Pinta muy bien», afirma buscando las camisetas en las que les pintó el bloque, con sus palmeras y todo, cuando comenzaron las movilizaciones, una de ellas con un mensaje directo al alcalde: «Espero que seas mejor taxista que alcalde». Esas camisetas no van a las cajas de la mudanza, tienen que estar a mano. «Están echando abajo los cimientos de mi vida y de la de mis hijos. No puedo consentirlo», continúa Anisa, que recuerda que, aunque les echen de su hogar, tienen que seguir afrontando la hipoteca. No quiere ni pensar en que declaren ruina el edificio: «Nos quitarían la hipoteca, pero estos 17 años, ¿quién me los devuelve?».
24 años por pagar
La luz, y eso que el día no es precisamente luminoso, entra a raudales por las ventanas abiertas, ya sin cortinas, del apartamento en el que viven Silvia y Xicu. El salón de este cuarto piso de la escalera tres es un campo de cajas, bolsas y maletas a medio cerrar. El resto de la casa está ya completamente vacía. La pareja lleva desde el sábado con la mudanza forzosa. Lo más grande ya se lo han llevado y creen que a lo largo del día su casa quedará completamente vacía. Silvia, entre sollozo y sollozo, explica que compró el piso hace catorce años. Le gustó la casa, la zona en la que está, las vistas y que podía asumir el coste. «Me quedan 24 años por pagar», comenta.
Ni ella ni Xicu esperaban verse obligados a irse de su casa antes de Navidad. «Confiábamos en un poco de empatía por parte de los políticos. Es una decepción total. Soy de familia socialista, pero no les voy a votar nunca más», continúa con la vista perdida sobre los últimos bultos, de los que asoman una aspiradora, las orejas de un peluche, un bingo de juguete... Colocado encima de una de las cajas, para evitar que se doble o se rompa, una lámina con una bonita inscripción en caligrafía árabe. «Son nuestros nombres, de una feria medieval», comenta Silvia, que no entiende «el ensañamiento» de las administraciones con ellos.
«Nos deberían dejar quedarnos aquí, bajo nuestra propia responsabilidad, haciéndonos firmar un papel eximiéndoles de todo si pasa algo», opina Silvia, que se siente muy tranquila en su casa. Es consciente de que el edificio necesita reparaciones, pero está convencida de que su casa no sufre riesgo alguno. «El Ayuntamiento tiene dos informes que son contradictorios», insiste Silvia mirando a la portavoz de la comunidad de propietario, su tocaya Silvia Hernández, con la que se funde en un sentido abrazo. «¿Qué te voy a contar a ti?», le dice, recordando que ella fue de las primeras desalojadas, el pasado 4 de junio. Ver cómo sus vecinos se ven obligados a abandonar sus hogares remueve los recuerdos de la portavoz, que tuvo que salir de su casa de un día para otro. Al igual que hizo ella, Xicu y Silvia se van a vivir con la madre de él, a Sant Antoni. Pero no es su casa. Con ellos se van también sus perros. Plom, al que tienen de hace tiempo, y Poma, a la que han adoptado hace apenas unos días.
En ningún momento se han planteado quedarse y resistirse. Tampoco agotar el plazo dado por el auto judicial. Sería alargar una agonía que dura ya un año y medio. Además, Silvia tiene que reincorporarse al trabajo. «Es injusto que un juez me haga salir de mi propia casa», señala la propietaria, que destaca que ni al banco ni al seguro les importa su situación. «No sé si alguien se ha parado a pensar en el daño psicológico que esto supone», comentan. Silvia, la portavoz de los vecinos, asiente. Recuerda la ansiedad de Anisa y lo que supone vivir con tus muebles y buena parte de tus cosas, esas pequeñas cosas que usas todos los días y a las que no das importancia, metidas en un camión. «Cuando llegué a los Bonsol me encontré con un trozo de bacalao que no podía cocinar», recuerda mientras la pareja vuelve a la faena de desalojar su hogar. «En dos días lo hemos vaciado, pero si nos dicen que podemos volver, en un día lo hacemos», asegura Xicu. Ambos, una vez acabada la mudanza, volverán una vez más a su casa, con Plom y Poma. «Para que se despidan», explica, rota al pensarlo, Silvia.
«¿Qué crees que pasará?», pregunta un vecino a la presidenta de la comunidad al encontrarse en el portal. «Creo que volveremos. En esta fase, el juez toma la decisión basándose en los informes de las partes y entre los de un ayuntamiento, al que se le supone buena fe, y el de unos vecinos, escoge el primero. Pero creo que volveremos», responde, convencida. Frente al bloque, arremolinados en corrillos con caras tristes y preocupadas, decenas de vecinos. También un camión de mudanzas a medio llenar. Y un coche en el que dos de los afectados juegan al tetris tratando de embutir cajas y bolsas.
«Antes creía en la justicia»
«¿Cómo me pueden decir que esta casa es ilegal? Soy propietaria desde hace veinte años, la compré con mucha ilusión. Aparece en el registro de la propiedad, tengo una hipoteca, está rehipotecada y he pagado el IBI», comenta Chari sentándose en el salón de su casa, en la que la mudanza forzosa está a medio hacer. En sus brazos, Daya, una de las sus perritas, de las que no se piensan separar en este doloroso trance. Aunque tienen parte de sus vidas ya empaquetadas no saben a dónde irán. Entre la hipoteca, la comunidad, la letra del coche y los mínimos de luz y agua no puede asumir un alquiler. Eso contando con que encontrara un piso del que no les echaran durante la temporada . «Soy mileurista», justifica Chari, profundamente enfadada con el Ayuntamiento de Sant Josep. Indignada. Cabreada. Mucho. «Son unos estafadores y unos sinvergüenzas. Que se les rompe el corazón, dicen. A nosotros nos rompen la vida», continúa.
La pareja, al igual que Anisa, asegura que nadie les ha llamado o visitado para ofrecerles una solución temporal, como afirmó el sábado el alcalde, al que le gustaría tener delante para decirle todo lo que piensa. De hecho, le hubiera gustado hacerlo hace unas semanas, en la inauguración del auditorio de Caló de s’Oli. «Ni siquiera me contestó cuando le dije buenas tardes», recuerda. «A los medios sí os cuenta cosas, pero con nosotros no se ha puesto en contacto nadie», critican Chari y Javi, que, a pesar de ser muy conscientes de la guerra en la que se encuentran todos los vecinos por mantener sus hogares, pensaban que estas navidades las pasarían en casa, en el cuarto piso de la escalera cinco. «Antes creía que existía la justicia, ahora ya no», comenta Chari, que comparte con otros propietarios el convencimiento de que los quieren echar para convertir lo que ahora es su barrio en una zona de turismo de lujo. «Mira las vistas», comenta señalando la terraza. «Este verano esto estaba lleno de barcos. Nunca habíamos visto tantos», matizan.
Ir pagando su casa le ha costado mucho esfuerzo a Chari. «Cuando la conocí tenía tres trabajos», recuerda Javi. «Ahora que empezábamos a levantar cabeza... Me hierve la sangre», continúa al tiempo que Chari, que se derrumba al escucharle, suelta a Daya, que se pasea por el sofá. «Es que no nos dejan ni un rayito de luz. Está todo apagado, negro. Han cogido el sacrificio y los esfuerzos de toda una vida y los están tirando al contenedor», concluye.
