La consellera de salud, Patricia Gómez, admitió ayer que el decreto de garantía de demora, salvaguarda de los usuarios de la sanidad pública de esta comunidad gracias a la cual todo paciente que espere más de seis meses para ser operado o más de dos para ser visitado por un especialista pueda reclamar ser derivado a otro dispositivo asistencial, público o privado, «es una herramienta que hoy en día no se puede recuperar ni siquiera disponiendo para ello de todos los recursos de la sanidad pública y la privada».
Pese a esta afirmación, cabe recordar que el decreto de garantía de demora está en suspenso mientras haya una situación de pandemia mundial y que esta limitación solo se levantará cuando la OMS declare finiquitada la actual crisis sanitaria.
Más adelante, Gómez anunció que el año que vienen destinarán 8,7 millones de euros para sufragar la actividad extraordinaria (más conocida por el término peonadas que define la actividad asistencial, quirúrgica y consultas médicas, realizada fuera de la jornada laboral) como «partida inicial», puntualizó.
La consellera realizó estas declaraciones en el transcurso de su comparecencia parlamentaria para explicar los presupuestos de su departamento para el próximo año que, como se recordará, son los mejor dotados de la historia de esta comunidad y un 50% superiores a los aprobados para 2015, cuando el actual Govern accedió al Consolat de la Mar.
Los 2.010 millones de euros de los que dispondrá Salud para el año que viene, 76 más que los disponibles para este ejercicio, suponen el 31% del presupuesto total de la comunidad y el 55% de sus partidas económicas destinadas a servicios sociales.
El servicio de emergencias médicas del 061 contará con una partida de 19,2 millones, dos más (11%) que los disponibles este año.
A lo largo del próximo año también se presentará el proyecto arquitectónico ganador que concluirá con la construcción del nuevo Son Dureta, un ambicioso complejo sociosanitario que satisfará las necesidades de cuidados que precisará una población balear más envejecida.
Detección del cáncer
También se comprometió la consellera a dar un nuevo impulso a los programas de detección precoz de cáncer de mama y de colon, que apenas está desarrollado en esta comunidad (tan solo llega al 30% de su población). Y, en general, apostó por desarrollar políticas de prevención de la enfermedad y de promoción de la salud entre la población. La dirección de Salud Pública que acoge estos programas contará este 2022 con algo más de 25 millones de euros.
De ellos, 9,5 se destinarán a la compra de vacunas y, una partida que Gómez no especificó, a la creación de la Agencia de Salud Pública, un organismo con personalidad jurídica y autonomía financiera que planificará las políticas de vigilancia, prevención y promoción de la salud.
Las direcciones generales de Investigación, Farmacia y Consumo dispondrán, respectivamente, de 3,5 (1,6 millones para el Instituto de Investigación Sanitaria de Balears), 15,4 y 2,5 millones.
