Los propietarios de 816 edificios de la ciudad de Ibiza han presentado ya en el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento el Informe de Evaluación de Edificios que, desde 2017, es obligatorio en el caso de los inmuebles que superen los 50 años de antigüedad.
Hace cinco años, el Consistorio aprobó una nueva ordenanza municipal «que regula el estado de conservación de los inmuebles más antiguos de la ciudad, las condiciones funcionales del edificio, la accesibilidad y la eficiencia energética del mismo», explican desde el equipo de gobierno. Entonces, se dio un plazo de cinco años para que se llevaran a cabo estas inspecciones técnicas.
La normativa indica que tras presentar los propietarios un primer informe, «los inmuebles deberán revisarse de nuevo cada diez años, según establece la ordenanza con la que se da cumplimiento a la ley estatal de 2011, por la que se fijó la obligación de realizar inspecciones periódicas a los edificios anteriores a 1964 en todo el Estado y que Vila ha tardado seis años en incorporar a su ordenamiento», detallan desde el Consistorio.
El objetivo de esta normativa «no es sólo garantizar la seguridad de las construcciones antiguas del municipio, sino también avanzar la posible solución de problemas que con el tiempo pueden ser graves».
Desde el Ayuntamiento señalan que estos controles técnicos periódicos «ayudan a conocer las patologías de los edificios y son de gran utilidad para diagnosticar y ayudar a llevar a cabo actuaciones inmediatas para evitar que su demora incremente el coste de reparación». «De esta manera», agregan, «se conseguirá una mejor conservación general de la edificación suponiendo una mayor seguridad».
Por barrios
En cuanto al ámbito de influencia de esta normativa, «una vez aprobada la normativa, definidas las primeras áreas de influencia de aplicación, se puso en marcha en 2018 en los barrios de sa Penya y la Marina. Se dio prioridad a estos barrios al ser conscientes de que debían tener un carácter preferente al encontrarse en el Conjunto Histórico del municipio o en su zona de entorno», reconoce el Ayuntamiento.
Posteriormente, en 2019, «la obligatoriedad de las IEE abarcaba los edificios de Dalt Vila y Vara de Rey. En los años posteriores se ha ido ampliando el radio de afectación y este año ya se encuentra en la zona de l’Eixample».
«Todo ello», analizan desde el Ayuntamiento de Ibiza, «ha motivado que en los últimos años, edificios de los barrios históricos se hayan sometido a estas revisiones y a rehabilitaciones, en los casos en los que se ha necesitado, recuperando fachadas y en general evaluando el estado de salud de cada unos de los barrios".
Poco después de aprobarse en un pleno municipal, en 2017, el Consistorio informó de que sancionará con hasta 2.999 euros a los propietarios de edificios históricos que no presenten a tiempo los primeros informes sobre el estado de estos inmuebles. Las sanciones para los dueños de edificios no protegidos de más de 50 años pueden oscilar entre los 600 y los 1.500 euros
