Si a finales de septiembre el presidente del Consell, Vicent Marí, advertía de que «el grave problema» de las fiestas ilegales «puede ir a más», ahora la Guardia Civil avisa de que «han llegado para quedarse». Así lo advirtió ayer el anterior jefe de la Guardia Civil en las Pitiusas, el comandante Enrique Gómez, en el debate sobre fiestas ilegales e intrusismo de la primera jornada del VII Congreso de Viviendas Turísticas Vacacionales, organizada por la Asociación de Viviendas Turísticas Vacacionales de Ibiza y Formentera (AVAT), la Pimeef y el Consell de Ibiza.
Enrique Gómez, que ahora es el segundo jefe de operaciones de la Guardia Civil en Balears, destacó que el problema de las fiestas clandestinas no se soluciona con más efectivos policiales. De hecho, dijo que, aunque «se doblase» el número, la situación sería «muy similar a la actual». «No hay suficiente Guardia Civil, ni Policía. Queremos tener más sanitarios, inspectores... de todo. No es un problema de personal, sino de que se articulen una serie de medidas y propuestas que permitan actuaciones proporcionales», subrayó Gómez.
La directora insular de Intrusismo del Consell de Ibiza, Naihara Cardona, que fue la moderadora del debate, explicó la propuesta legislativa que la institución insular elevará al Govern balear para articular una serie de medidas que faciliten la intervención policial, fundamentalmente que estas fiestas en villas alquiladas, con pública concurrencia y que generan un negocio, se consideren «una actividad» y no una fiesta en un domicilio particular.
Inviolabilidad del domicilio
Tras destacar las palabras del comandante de la Guardia Civil de que aunque se doble el número de efectivos policiales el problema seguirá igual, Cardona, que es abogada, fue más allá y planteó la necesidad de que se reforme el concepto de la «inviolabilidad del domicilio que marca la Constitución», lo que generó controversia entre los participantes de la mesa de debate, que completaban Sergi Torrandell, jefe del área de seguridad ciudadana del Ayuntamiento de Llucmajor, en Mallorca; la abogada penalista Ascensión Joaniquet y el presidente de la AVAT, José Antonio Llano.
Cardona recordó que el concepto de inviolabilidad del domicilio se recogió en la Carta Magna de 1978 , pero «viene de la dictadura franquista» cuando «se violaron muchos derechos, entre ellos el del domicilio». «Había una necesidad de protección de la persona. Tenía toda la lógica en ese momento histórico», recalcó.
«Ahora estamos en 2021. No digo que no haya que proteger el domicilio. Hay que tener un derecho al honor y a la intimidad, pero ahora que no tenemos una necesidad de protección tan elevada [en comparación con la época del franquismo] habría que plantear cuál es el mal menor: ¿debemos seguir defendiendo la inviolabilidad del domicilio a cualquier coste con los problemas de convivencia que nos está generando? ¿o habría que transformar, que no eliminar, este concepto?», cuestionó.
La controversia del debate
Acto seguido, el jefe de seguridad ciudadana de Llucmajor expresó su desacuerdo con esta propuesta. «Si cambiando la norma, la Policía puede entrar en el domicilio, ¿podrá clausurar la fiesta?», preguntó, a lo que Cardona respondió: «Si no lo probamos no lo sabremos». «Pasará lo mismo que cuando te dejan entrar, no terminarán con la fiesta», replicó Torrandell. «Entonces, ¿no hacemos nada?», agregó Cardona. «No, pero no veo que se haya que cambiar la Constitución por una fiesta», zanjó el mallorquín.
Previamente, el comandante de la Guardia Civil explicó las dificultades de desalojar una villa con cientos de personas bajo los efectos del alcohol y las drogas. Destacó que «no se entendería» desplegar una unidad de antidisturbios para forzar la evacuación de la villa por «una sanción administrativa». «No es proporcional», recalcó Gómez, que subrayó también los problemas de salud pública y seguridad ciudadana que generan estos actos multitudinarios clandestinos, así como el daño que ocasionan a la «marca Ibiza».
El mando policial distinguió entre los problemas que puede causar una fiesta de turistas en una villa y las que se organizan con pública concurrencia y previo pago de una entrada en casas que se convierten en «auténticas discotecas». También destacó que las discotecas cuentan con un personal que responde en el caso de que se produzca una incidencia médica, pero que en las fiestas ilegales en villas, cuando se produce un problema de este tipo, al afectado «se le deposita en la vía pública y nadie se hace responsable».
Por su parte, la penalista Ascensión Joaniquet recalco que hay que ser «muy cautos» al plantear la reforma del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Joaniquet recordó que no se puede entrar en una casa sin una orden judicial y reconoció que no comparte «la teoría» del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de que se debería excluir de este requisito «en el caso de las villas que se alquilan para organizar fiestas».
El consejo de la penalista
También dijo que, si un policía le pidiera su opinión, ella no le aconsejaría que entrara en una casa sin una orden judicial porque «las consecuencias podrían ser muy graves". Dicho esto, la abogada subrayó que las fiestas clandestinas son «un peligro y un problema, pero hay que buscar medidas ajustadas a Derecho», al tiempo que también consideró «imprescindible» que las fiestas que generan negocio sean consideradas «una actividad». «Cuando se cobra una entrada debe haber una regulación», destacó Joaniquet.
Por su parte, el jefe de la Policía Local de Sant Josep, que siguió entre el público la mesa de debate, tomó la palabra en el turno de preguntas y dijo que tampoco estaba de acuerdo con la necesidad de que se modifique el derecho de la inviolabilidad del domicilio, pero sí que estas fiestas tengan el tratamiento de una actividad y se defina hasta «dónde pueden llegar» los agentes. En este sentido, explicó que la Policía puede entrar en un hotel, pero «no en las habitaciones, salvo si se está cometiendo un delito flagrante». «Que se pudiera acceder a determinados espacios facilitaría mucho el trabajo».
El mando policial de Sant Josep explicó que por acceder a una propiedad en la que había tres villas distintas le denunciaron por allanamiento de morada.
