El conseller balear de Movilidad y Vivienda, Josep Marí Ribas, Agustinet, ha asegurado esta mañana en el Parlament balear que, según el decreto nacional de 1979 que regula el reglamento del taxi, los titulares de una licencia tienen que explotarlas «en exclusividad», aunque, ha agregado, «también pueden tener trabajadores». Los juristas de la conselleria que dirige Marí Ribas interpretan que sobre la exclusividad se debe aplicar el decreto nacional, lo cual afecta directamente al actual alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, sucesor en el cargo de Marí Ribas.
El alcalde dejó de conducir el taxi que posee (la explota ahora como autónomo a través de asalariados) para dedicarse en exclusiva a su cargo público en el Ayuntamiento. Anteriormente, cuando era concejal de Urbanismo compatilizaba su profesión de taxista con su función pública. Dejó de conducir el taxi al amparo de la ley balear de transportes de 2014, que, según interpreta el Ayuntamiento de Sant Antoni (la licencia de Guerrero es de este municipio), no obliga a que los taxistas exploten su licencia en exclusiva. Sant Josep también hace la misma interpretación, pero, tal como ha publicado este diario, el Ayuntamiento de Eivissa lo ve de forma diametralmente opuesta y entiende también como los juristas del Govern que, en este caso, prevalece el reglamento nacional de 1979 e impide que el titular de una licencia pueda explotarla y a su vez tener otro trabajo por cuenta ajena.
Ante la falta de una interpretación clara y única, el diputado de Ciudadanos Marc Pérez ha preguntado esta mañana en el Parlament al conseller de Movilidad que aclare esta cuestión. En su respuesta, Marí Ribas ha reconocido que se trata de un asunto «discutido» en Eivissa. «Hay una preocupación entre diversas interpretaciones de la normativa. No es fácil ni tal vez haya una respuesta muy concreta», ha dicho. Acto seguido, el conseller ha indicado que el decreto nacional de 1979, aunque sea «bastante antiguo, preside toda la actuación». «Habla de exclusividad. Luego está la ley 4/2014 de transporte de Balears que se refiere a lo no especificado en esta normativa [el decreto nacional] pero que ha dejado un pequeño espacio de interpretación», ha indicado, al tiempo que ha recordado que los ayuntamientos tienen «capacidad» para reglamentar «muchas cosas del taxi, y entre ellas han regulado esto [la exclusividad]». La conclusión final de su argumentación ha sido esta: «Consultados los juristas de la conselleria, entendemos que se ha de interpretar sobre el decreto de 1979 esta exclusividad, todo y que también pueden tener trabajadores».
En concreto, el artículo 17 del decreto nacional de 1979 determina que «toda persona titular de licencias tendrá la obligación de explotarla personal o conjuntamente mediante la contratación de conductores asalariados en posesión del permiso local de conductor y afiliación a la Seguridad Social en régimen de plena y exclusiva dedicación y de incompatibilidad con otra profesión», a lo que agrega que «cuando no pueda cumplirse con dicha obligación procederá la transmisibilidad de las licencias en los supuestos admitidos en el artículo 14 o su renuncia».
Por su parte, la ley 4/2014 de transportes de Balears especifica, en su artículo 51.2, que el servicio del taxi «podrá prestarse por su titular o conductores que cumplan las condiciones de carácter personal que se establecen, contratados de conformidad con el Estatuto de los trabajadores o la normativa que sea de aplicación».
En su turno de réplica, el diputado de Ciudadanos ha advertido al conseller de que «no se puede poner de perfil» sobre esta cuestión y debe responder «sí o no» a si los titulares deben dedicarse en exclusiva al taxi. «¿Las ordenanzas municipales pueden saltarse a la torera la legislación nacional y balear?», ha cuestionado Pérez, que, aparte de lamentar «la inseguridad jurídica» que esta situación ocasina, ha pedido al conseller que, «si la ley de 2014 es ambigua en algunas cosas, se aclaren los puntos conflictivos». «No puede ser que un aspecto tan importante como el uso de una licencia de taxi, tenga diferentes interpretaciones en según qué municipios se desarrolla la actividad. Independientemente de que afecte a un servidor público [el acalde de Sant Josep], todos debemos ser iguales ante la ley. Ponga orden señor conseller», ha concluido el diputado de Ciudadanos.
En su segunda intervención, el conseller se ha desmarcado de la autoría de la ley y su interpretación porque no estaba en el Govern cuando esta se tramitó. «Efectivamente sería bueno que hiciéramos una interpretación igual en todos los ayuntamientos. Estoy en el ejecutivo [el Govern balear], pero usted también puede presentar alternativas [como diputado] de lo que se puede rectificar. Hay interpretaciones, pero ya le he dicho qué interpretación hacemos nosotros», ha insistido.
