El gobierno tripartito de centro derecha de Sant Antoni, formado por PP, Proposta per Ibiza (PxE) y Ciudadanos, sobrevive a una crisis interna desde hace un tiempo, pero que ha llegado a una situación límite. Más allá de las diferencias políticas y la patente falta de comunicación, los reproches que se lanzan ya públicamente unos a otros evidencian que esta relación a tres resulta imposible; por mucho que el alcalde, Marcos Serra, que ha perdido el control sobre sus socios políticos, asegure que «la situación se puede reconducir».
Sólo la amenaza de la pérdida del gobierno, a manos de un nuevo pacto de centro izquierda entre PSOE-Reinicia, PxE y Unidas Podemos, o la estrategia de cara a los comicios de mayo de 2023 (forzar el desgaste político del socio de gobierno) pueden justificar la continuidad de un pacto que está roto.
De hecho, el segundo teniente de alcalde, José Ramón Martín, de Ciudadanos, ya ha pedido a través de los medios de comunicación al alcalde, Marcos Serra, del PP, la cabeza del primer teniente de alcalde, Joan Torres, de PxE, y que gobierne en minoría. El concejal de Ciudadanos afirma que ha perdido la confianza en Torres, al que no sólo acusa de «traición», sino también de «bloquear inversiones».
Tampoco hay que olvidar que el alcalde, que apela al diálogo para tratar de salvar el pacto, hace dos semanas, criticaba públicamente «el atasco» del departamento que dirige Torres. «Del presupuesto asignado a Obras Públicas cada año sobra el 50% y va a remanente. No entiendo que diga que el covid ha parado sus inversiones porque no es así, y no ha empezado nada», decía Serra, en respuesta a la rueda de prensa de Torres en la que expresó su malestar por la decisión del alcalde de que los informes sobre las alineaciones de las calles los emitiera Urbanismo en vez de Obras Públicas. «Esto es grave, y se tiene que resolver cuanto antes», advertía Torres.
Los dos pulsos que pierde Serra
Sin resolver este problema interno, por la falta de comunicación entre Serra y Torres (de hecho, ni lo han hablado), el último desencuentro, el que ha llevado la crisis a un callejón sin salida, fue el pulso entre Serra y Torres en el pleno del jueves por la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que ganó el representante de PxE con el apoyo de PSOE-Reinicia y Unidas Podemos.
La misma escena se vivió en mayo, la primera vez que Torres votó en contra de sus socios de gobierno (sin contar la votación sobre el futuro del puerto porque PP, PxE y Cs pactaron que habría libertad de voto), y ganó con la ayuda de la oposición. Como si fuera un calco del pleno del jueves, en el del pasado mes de mayo, Torres pidió al alcalde que retirara del orden del día el punto sobre la reestructuración del departamento de Urbanismo. Torres no aceptaba que se apartara a la jefa del departamento y que Secretaría asumiera el control jurídico de Urbanismo. El alcalde no cedió y, consciente de que se abocaba al precipicio, perdió la votación, lo que dinamitó el pacto de centro derecha.
El caos y desconcierto que reina en el equipo de gobierno se evidenció también en el pleno de agosto, en el que, en esta ocasión, fue el segundo teniente de alcalde, el representante de Ciudadanos, el que votó en contra del gobierno. Por un lado, José Ramón Martín votó en contra del pago de una factura a Hermanos Parrot por las obras de eliminación de barreras arquitectónicas, cuyo coste final superaba en un 30% el presupuesto inicial y que el interventor advirtió de que era irregular. También votó en contra de la nueva ordenanza del taxi, que el concejal de Ciudadanos calificó como «un chicle» porque «la masticas y al final no hay manera de tragarla». Tanto el pago de las obras de eliminación de las barreras arquitectónicas como la normativa del taxi, que dependen de Torres, salieron adelante, pese al voto en contra de Cs, por el apoyo de PSOE-Reinicia.
Hasta tres ediles de Urbanismo en dos años
Fundamentalmente, la política urbanística ha sido la fuente de los conflictos internos, sobre todo «el atasco» en la tramitación de licencias por la falta de personal. Hay que tener en cuenta que en apenas dos años ha habido tres responsables de Urbanismo, ahora en manos del alcalde. Serra asumió la gestión de, según sus palabras, «esta patata caliente», porque le forzaron a hacerlo sus socios.
Hay que remontarse al verano del año pasado (julio de 2020), cuando Torres criticó en una rueda de prensa «la inseguridad» que causaban a los políticos las discrepancias entre técnicos. Se refería al hecho de que el anterior concejal de Urbanismo, Miquel Costa, echara atrás, al amparo de un informe del secretario, los desfavorables de varias técnicas municipales sobre las obras de reforma del beach club Bam-bu-ku.
Tampoco le gustó nada a Torres que el PP llevara a la junta de gobierno la aprobación de la legalización de seis naves industriales a pesar de que tanto un letrado municipal como la que entonces era jefa de Urbanismo informaron en contra. El secretario, en cambio, sí lo avalaba. Ante las discrepancias técnicas este asunto quedó sobre la mesa, y ha pasado más de medio año y sigue sin resolverse. El Consell no ha querido pronunciarse pese a que el Consistorio le pidió un informe para aclararlo.
Las críticas por las casas de madera de Can Germà
Previamente, la gota que en cierta manera colmó el vaso, y aceleró la salida de Miquel Costa de la concejalía de Urbanismo, fue la gestión de las casas de madera de Can Germà, promovidas por una cooperativa creada por un grupo de médicos, y que se empezaron a construir por silencio positivo ante la falta de respuesta del Consistorio a la solicitud de licencia.
Este asunto provocó que Torres criticara con dureza la gestión de Urbanismo. Dijo que era «inaceptable» que los cuatro expedientes vinculados a las dos casas se iniciaran hace dos años y aún hubiera «dudas» sobre su legalidad.
Poco después, a mediados de marzo, Torres anunciaba que su partido, coincidiendo en julio con el ecuador del mandato, iba a evaluar el grado de cumplimiento del pacto de gobierno y someter a votación su continuidad. Esta asamblea aún no se ha convocado, pero Torres manifestó recientemente que lo haría en breve. De momento, sigue sin haber fecha.
En abril, Torres criticó, aunque con el freno de mano puesto, que el PP había tardado «demasiado» en forzar la dimisión del concejal de Hacienda Xico Cardona por las ilegalidades de su vivienda y piscina reveladas por este diario. El PSOE aprovechó la ocasión para plantear, en un pleno extraordinario para abordar este caso, que había llegado el momento para negociar con los socios del PP una moción de censura. Pero se quedó en eso, un anuncio, porque no hubo ni siquiera una llamada telefónica.
