Un estudio sobre el vertedero de Ca na Putxa, elaborado en agosto por la consultora ambiental Duna Baleares alerta de que Ibiza «se enfrenta a la amenaza de un colapso en el sistema de tratamiento y gestión de los residuos» con «consecuencias incalculables económicas, sociales y medioambientales». Bajo el título ‘Análisis crítico del vertedero insular de residuos urbanos y de las nuevas instalaciones de tratamiento’, este estudio se ha hecho por encargo de los vecinos de Cas Cómodo y la urbanización Roca Llisa, que, desde hace muchos años, denuncian las molestias que les causa el vertedero.
En concreto, este diagnóstico concluye que la vida útil del vertedero se sitúa entre siete y siete años y medio, incluso con la reducción de la masa de residuos que se deposita en el vertedero tras la puesta en marcha de la planta de triaje, y añade que, cuando eso se produzca, las instituciones se verán forzadas a plantear «soluciones técnicas viables pero de elevado coste», lo cual, destaca, repercutirá «fuertemente» en las tasas y tributos que abonan los ciudadanos.
De hecho, el estudio señala que «el momento actual es crítico» porque al vertedero le quedan siete años de explotación y, pese a ello, se ha construido la planta de triaje sobre el emplazamiento original de Ca na Putxa ya clausurado, con un coste de 40 millones y que ha obligado a «talar 35.000 metros cuadrados de masa forestal singular», con una previsión de 25 años de amortización.
Alternativas a Ca na Putxa
El Consell ha contratado un estudio con la finalidad de determinar posibles alternativas para gestionar los residuos de la isla cuando se agote la vida útil de Ca na Putxa. El análisis de Duna Baleares apunta que una de las opciones es «ampliar la capacidad del vertedero» de Roca Llisa, pero advierte de que sería «una solución temporal, para unos pocos años».
Por ello, indica que «la solución definitiva» implicará que deberán transportarse a la nueva planta de triaje, que se encuentra en una zona elevada y junto a un vertedero «a punto de clausurarse», los residuos de la isla y, una vez tratados, habrá que trasladarlos de nuevo a su destino final (ya sea otro vertedero o al puerto para enviarlos a Mallorca o la Península, por ejemplo). «Esta es la principal incongruencia del modelo insular de gestión implantado», indica.
Para calcular la capacidad que queda en Ca na Putxa para enterrar residuos se ha utilizado cartografía topográfica obtenida a través del vuelo de un dron y en la que se delimita «la zona aparentemente activa y disponible para la acumulación de residuos». El resultado obtenido es que el volumen de almacenamiento potencial, hasta la cota 150 metros, es de 351.200 metros cúbicos en una superficie de casi 36.000 metros cuadrados. La producción anual de residuos es de 150.000 toneladas y se considera que la planta de triaje puede reducir un 50%, en los próximos diez años la masa total que se entierra en el vertedero, de lo cual se deduce que se agotará su capacidad en siete años.
La política «absurda» de no cobrar el coste real del servicio
El estudio de la consultora ambiental sobre Ca na Putxa incide en que la puesta en marcha de la planta de triaje ha doblado el coste de los recibos de la basura, aunque de momento el Consell asume esta subida, con una partida este año de 4,5 millones de euros. El presidente del Consell, Vicent Marí, ya ha anunciado que en 2022 la institución también sufragará este sobrecoste.
Y esta factura aumentará más, advierte el estudio, cuando se ponga en marcha la alternativa que se escoja a la explotación del vertedero de Ca na Putxa. En este sentido, indica que el recibo de la tasa de basuras «no se corresponde con el coste real del servicio, que es mucho más elevado». Por ejemplo, apunta que en Palma el recibo medio se sitúa en 150 euros al año, mientras que en Eivissa, en 65-70 euros. «La incineradora [de Mallorca] no justifica esta diferencia. Lo que ocurre es que en Mallorca se han ido internalizando los costes en el recibo, y no en Ibiza», explica el estudio, que agrega que por «un interés electoralista» en la isla se prefiere no subir el coste del servicio, lo cual es «una política absurda y totalmente equivocada de efectos nefastos». Se refiere a que sólo aplicando los costes reales en los recibos que pagan los ciudadanos, «se conseguirá que estos se comprometan seriamente en la gestión correcta de sus residuos». De lo contrario, resultan «inviables las previsiones de reciclaje y aumenta el riesgo de colapso».
El Consell reclama al Govern desde hace años el pago de 24 millones de euros por las instalaciones del vertedero en virtud del plan director de 2001, lo cual reduciría el coste del recibo. El Govern dice que está dispuesto a negociar, pero no se ha avanzado.
