Diario de Ibiza

Diario de Ibiza

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

El Consell propone un encaje legal para actuar en fiestas ilegales en casas en Ibiza

La institución se basa en diversas sentencias, una que confirma una sanción de 10.000€ por una fiesta en Can Soleil, para dar seguridad a la entrada de la Policía

Una multitud en una fiesta en una villa en verano de 2018, antes de la pandemia. D. I.

El Consell de Ibiza reclama desde hace un tiempo un cambio legislativo para facilitar, entre otras cosas, la intervención de la policía en las fiestas en villas. A la espera de que el Ayuntamiento de Sant Josep dé el visto bueno, el Consell ya ha consensuado con el resto de municipios una propuesta que, según anunció el viernes el presidente, Vicent Marí, se entregará la próxima semana al Govern balear.

Tal como defendió Marí en el pleno del Consell del viernes, las viviendas en las que se organizan fiestas multitudinarias, con barras de bebidas, djs y, sobre todo, «libre concurrencia», dejan de tener, en ese momento, un uso residencial y, por tanto, se precisa de una licencia en aplicación de la ley de actividades. En este caso, las fuerzas policiales pueden acceder a la vivienda para disolver la fiesta. Sin embargo, en realidad, los agentes «no tienen seguridad jurídica» sobre si pueden o no acceder al domicilio ante el riesgo de que se puedan enfrentar a una denuncia por allanamiento de morada.

De hecho, el protocolo de actuación pactado entre el Consell y los ayuntamientos, que se basa en la normativa actual, determina que, cuando los agentes intervienen en una fiesta ilegal, «deben valorar de forma primorosa si se ha producido un verdadero cambio de uso del inmueble a discoteca o sala de fiestas y ello siempre acompañado de un evidente carácter evento de pública concurrencia». Precisamente, la agencia de detectives contratada por el Consell ha ejercido la función de infiltrarse en las fiestas (en el caso de que, tras alertar a la Policía, no se puedan abortar previamente) para recoger pruebas para demostrar la libre concurrencia, que es clave para la aplicación de la ley de actividades.

No obstante, el Consell propone una modificación de la ley 7/2013 de actividades de Balears para dar «seguridad jurídica» a la Policía cuando actúa ante una fiesta clandestina. «Se trata de evitar que los agentes sean víctimas de las mafias organizadas», describe el vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan.

Por ello, el Consell propone que en la ley de actividades se especifique la prohibición expresa de «la celebración de fiestas multitudinarias en toda clase de espacios e inmuebles al margen de la oferta legal de los establecimientos físicos de concurrencia pública previamente autorizados». Además, plantea que se incorpore, como medidas provisionalísima, la posibilidad de que los agentes policiales puedan «con carácter inmediato paralizar y clausurar la actividad con el desalojo ordenado de los asistentes». También contempla la posibilidad de comunicar a las empresas de suministro de energía y agua para que corten el servicio.

La fiesta en ‘Can Soleil’

La propuesta legislativa del Consell se basa en diversas sentencias (aún no firmes) del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que confirman que las fiestas en viviendas en las que participe «una cantidad de personas de cierta importancia, excede lo que se puede calificar de privado o familiar». Una de ellas se refiere a la fiesta que se celebró en junio de 2017 en la casa (Can Soleil) que utiliza el propietario de la compañía Cirque de Soleil, Guy Laliberté, en Cala Llentia, en la que, según la Policía Local de Sant Josep, se congregaron unas 800 personas.

El Ayuntamiento impuso a la empresa que organizó la fiesta una multa de 10.000 euros en aplicación de la ley de actividades, y el TSJB le dio la razón a pesar de que el afectado alegó que se trataba de un acto privado de Laliberté, que «cada año celebra una fiesta a la que invita a un gran número de amigos y conocidos». Sin embargo, la sentencia apunta que, según el relato policial, la fiesta se parecía más a una actividad de discoteca que a un evento privado o familiar y el edificio tiene «otro uso y carece de medios que puedan garantizar la seguridad de las personas».

La propuesta legislativa del Consell también prevé aumentar las sanciones a un máximo de 300.000 euros y que el responsable de la fiesta sea también el propietario del inmueble si no demuestra que no ha podido impedirla.

Compartir el artículo

stats