El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, adviritió ayer que las fiestas ilegales no sólo suponen «un problema muy grave» para la isla, sino que augura ya que «puede ir a más». «Ponen en peligro nuestra economía e imagen turística y este año, especialmente, la salud de las personas», dijo Marí, que anunció en el pleno, en respuesta a las críticas del grupo del PSOE, que de cara al próximo verano «se incrementará» el servicio de detectives que ha actuado este verano en sólo siete fiestas.
Marí destacó que «se necesita más policía» para actuar contra este creciente actividad ilegal y que «los agentes covid» anunciados por el Govern, «no sirven, según la Policía Local». En este sentido, el presidente apuntó que los detectives alertan a la Policía Local cuando detectan una fiesta, lo cual «ayuda». «Es una medida imaginativa a partir de los recursos de que disponemos, es legal y ha funcionado. Los ayuntamientos han manifestado su satisfacción», dijo.
Sólo una de las fiestas en la que se infiltraron los detectives pudo ser disuelta, motivo por el cual el presidente insistió en la necesidad de que el Parlament modifique la ley para permitir la entrada de la policía en las villas en las que se organizan las fiestas clandestinas, entre otras cosas. La propuesta legislativa del Consell, consensuada con los ayuntamientos, se remitirá la próxima semana al Govern.
«Barbaridad jurídica»
Sin embargo, el portavoz del PSOE, Vicent Torres, calificó de «barbaridad jurídica» la propuesta legislativa del equipo de gobierno dirigida, apuntó, a que «se pueda entrar en las casas sin orden judicial y cortar la luz». «¿Cuentan con un informe jurídico que avale esta patada en la puerta?», cuestionó.
También preguntó si, con un coste de 14.000 euros, se contrató a los detectives para llamar a la Policía Local, a los cuales, subrayó, «el Consell descarga toda la responsabilidad». «¿Esto es lo que necesitan los ayuntamientos?», cuestionó Torres, que advirtió de «la mala imagen y el efecto llamada» de personas que buscan lugares con fiestas, en un período de restricciones en España y Europa, que ha supuesto «esta operación de marketing» del equipo de gobierno de centroderecha. En cambio, Marí dijo que sólo el anuncio de la contratación de la empresa de detectives ya tuvo «un efecto disuasorio», al tiempo que ha subrayado que el Govern debe sancionar por incumplimiento de la normativa covid a las 29 personas identificadas por los detectives, entre ellas una auxiliar de enfermería de la unidad covid de Can Misses que actuaba como promotora de fiestas clandestinas. «Espero que no busquen excusas», subrayó.
En contra del criterio del presidente, el portavoz del PSOE puso en duda la legalidad de la actuación de los detectives, ya que, recalcó, la «ley de seguridad prohíbe la entrada en domicilios y la obtención de imágenes en su interior sin previa autorización».
Además de recordar a Torres que el anterior gobierno que presidió «no hizo nada» para combatir el intrusismo, Vicent Marí insistió en la defensa de la propuesta legislativa del Consell ya que en el momento en que se organiza una fiesta en una villa, ésta no se puede considerar una vivienda. «Hay una comercialización previa, un pago, una barra de bar, dj y libre concurrencia», recalcó el presidente.
