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La propiedad de Casa Lola gana tiempo y retrasa el derribo del complejo turístico

Presenta alegaciones contra la orden de alcaldía para que ejecute la demolición de las obras sin licencia

Agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil durante el precinto de Casa Lola, en una imagen de archivo.

La propiedad de Casa Lola, el complejo turístico ilegal de la zona de Davall sa Serra, en Sant Josep, con sentencia firme de demolición, gana tiempo después de haber presentado un escrito de alegaciones contra la orden dictada por el Ayuntamiento para que ejecutase, antes de hoy, el derribo voluntario o al menos presentase un proyecto para el restablecimiento de la legalidad.

El plazo de tres semanas que le había dado el Consistorio ha expirado hoy, pero ahora los servicios jurídicos municipales tienen que responder a las alegaciones de la propiedad antes de continuar, en el caso de que las desestime, con el proceso de derribo de las construcciones ilegales. El Ayuntamiento ya cuenta con un proyecto de demolición de Casa Lola que ejecutara subsidiariamente en el momento que obtenga autorización judicial para entrar en la propiedad. No va a pedir permiso al juez para echar abajo las construcciones ilegales hasta que se hayan resuelto las alegaciones.

La propiedad de Casa Lola discrepa con el plazo que le había otorgado el Consistorio para ejecutar el derribo voluntario y entiende que debería ser de dos meses, según explica un portavoz municipal. Además consideran nulo el decreto de alcaldía en el que se ordenaba la demolición de los inmuebles ilegales dirigido a dos sociedades distintas. Por un lado, a una de las sociedades no se le había iniciado un expediente sancionador y, por tanto, alega la propiedad, no cabe ejecutar nada; y, por otro, en el caso de la segunda, el procedimiento hace referencia unos terrenos que no son de su propiedad, según los argumentos esgrimidos por la propiedad para alargar el proceso.

Un portavoz municipal ha informado de que el Consistorio no dispone de un plazo concreto para contestar las alegaciones y continuar con la tramitación del derribo de las ilegalidades. De hecho, la fuente oficial recuerda que el Ayuntamiento actúa «en aplicación de una sentencia firme del Tribunal Supremo».  

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