La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, recordó ayer al portavoz parlamentario del Grupo Vox-Actúa Baleares, Jorge Campos, que «los ciudadanos de Balears tienen derechos lingüísticos» y «la Administración tiene el deber de garantizarlos».

Según informó la presidenta Armengol, sobre la apertura de un expediente a una doctora de Son Pisà, denunciada por hablar en castellano a una paciente, en el pleno del Parlament, «los ciudadanos de Balears tienen derechos lingüísticos y cuando uno no se cumple tienen derecho a reclamar ante la Administración, en este caso, ante Salud y la Oficina de Derechos Lingüísticos».

«La Administración», añadió la dirigente autonómica, «por su parte, tiene la obligación, ante una reclamación de un ciudadano, de descubrir si se ha vulnerado o no alguno de sus derechos».

«Denuncias catalanistas»

Por su parte, el portavoz parlamentario de Vox-Actúa Baleares, le ha dicho a Armengol que «los derechos lingüísticos que tienen los ciudadanos de Balears son los mismos que ella pisotea». «El verdadero motivo de la Oficina de Derechos Lingüísticos», para Campos, «es tener un excusa con la que justificar un órgano de denuncias catalanistas».

«La Oficina de Derechos Lingüísticos es, además, un chiringuito para los golpistas de ERC que están en el Govern y funciona con denuncias falsas que presentan colaboradores de la multisubvencionada Obra Cultural Balear», añadió.

Ante las afirmaciones de Campos, la dirigente balear pidió a Vox que «de vez en cuando, deje de mentir» y «de tratar con faltas de respeto a la ciudadanía, a los que piensan diferentes». «Ya basta de venir a la Cámara Autonómica a insultar y a faltar el respeto a los ciudadanos de estas Islas», incidió.

«Balears es una Comunidad democrática, cuya una de sus riquezas es tener dos lenguas cooficiales», aseguró Armengol, quien reiteró que «los ciudadanos de las Islas tienen derechos y da igual cual sea el porcentaje de reclamaciones en materia lingüística en la sanidad balear, lo importante es que si un ciudadano cree que se le vulneran sus derechos tiene derecho a quejarse y la administración la obligación de garantizarlo».