El área de Prehistoria del departamento de Ciencias Históricas y Teoría de las Artes de la Universitat de les Illes Balears (UIB) advierte, en un escrito de alegaciones al reglamento de simplificación administrativa del Consell, de que «no garantiza la preservación efectiva del patrimonio arqueológico». Se refiere, en concreto, al artículo 7 de la nueva normativa, aprobada de forma inicial por el pleno del Consell, en el que se prevé el silencio positivo para una intervención arqueológica previa a una obra o reforma en el caso de que la institución no haya contestado a la solicitud del promotor en el plazo de un mes.
«No es aconsejable el silencio administrativo positivo ya que consideramos que el valor a proteger (el patrimonio arqueológico) requiere, obligatoriamente, de una autorización expresa y clara y no se puede hacer a partir de un mal entendido silencio administrativo», destaca el escrito de alegaciones de la universidad balear.
«Si lo que sucede es que no hay suficientes recursos humanos para tramitar todas las solicitudes que afecten al patrimonio arqueológico, y esto supone un importante retraso en su tramitación, habría que incorporar más recursos y personal», sugiere el escrito de alegaciones, al tiempo que agrega: «En cualquier caso, entendemos que debería ser obligatorio la redacción de los correspondientes informes a cada solicitud de afectación al patrimonio arqueológico».
También destaca la UIB que «el loable esfuerzo de las administraciones para simplificar los procedimientos administrativos, no puede disminuir las garantías jurídicas que aseguran la protección del patrimonio histórico-artístico de Baleares». «De hecho, la obligación de las administraciones es garantizar de manera eficaz la protección y salvaguarda de estos bienes», añade el escrito de alegaciones, en el que se considera que lo que se logrará es lo contrario: «Una clara desprotección de los bienes».
Tal como publicó este diario, la dirección general de Cultura del Govern balear y el Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera, entre otras entidades, también han presentado alegaciones en el mismo sentido contra el reglamento de simplificación administrativa y piden la supresión del artículo 7.
En declaraciones a este diario, el vicepresidente primero, Mariano Juan, avanzó que se están estudiando estas alegaciones, que son de carácter «jurídico», y dejó entrever que podrían ser aceptadas. «Si no puede ser, no será», dijo. Dos ayuntamientos solicitaron la incorporación de estas medidas al reglamento que tramita el Consell.
Entrega del material excavado
La UIB también alega contra la forma con la que se regula ahora la entrega a un museo del material excavado. El reglamento prevé que se clasifiquen por unidades estratigráficas y se guarden en cajas y bolsas debidamente etiquetadas, lo cual, advierte la UIB, va en contra «de la buena praxis de la gestión de material arqueológico».
La UIB explica que, como principio genérico, todo el material se debe depositar con una sigla o un número, tal como regula el decreto 14/2011 que desarrolla el reglamento balear de intervenciones arqueológicas. Esta práctica, agrega, es la habitual, no sólo en el ámbito del Estado español, sino «en el conjunto de las buenas prácticas arqueológicas aceptadas tanto por la Academia como los museos».
Esta cuestión técnica podría provocar «graves deficiencias en la organización museística». Según el criterio de los expertos de la UIB, esta propuesta «parece responder más a una voluntad de sacar responsabilidades y obligaciones a los directores de las excavaciones que a una mejora en el procedimiento de gestión, ya que, objetivamente, más allá de posibles matices, va en detrimento directo de la conservación del patrimonio».
La Universitat lamenta que no se le consultara antes
La UIB lamenta que el Consell haya obviado «la colaboración entre administraciones». De hecho, la UIB no ha sido consultada por el Consell sobre los cambios introducidos en el reglamento de simplificación administrativa a pesar de ser «una entidad consultiva en temas de patrimonio histórico, tal como prevé la ley de Patrimonio Histórico de Baleares». La ausencia de esta cooperación ha provocado «una falta de armonización en el ámbito normativo de la gestión del patrimonio arqueológico en Baleares». «En el caso concreto de este reglamento [del Consell] va en perjuicio de la protección efectiva de los valores patrimoniales y especialmente arqueológicos de la isla de Ibiza», advierte la UIB.
