La Demarcación del Colegio de Arquitectos de Balears en Eivissa y Formentera ha logrado que el Consell de Ibiza rectifique y no permita el derribo de una construcción posterior a 1956 a partir sólo de una comunicación previa. En concreto, el reglamento de simplificación administrativa, aprobado de forma inicial por el pleno de la institución insular, contempla que se pueda ejecutar con una comunicación previa la demolición total o parcial de construcciones en casos de ruina inminente, excepto en edificios existentes en el año 1956 (casas payesas tradicionales) y los declarados como Bien de Interés Cultural o catalogados, y sin perjuicio de que se tenga que cumplir la tramitación ambiental o que se deban obtener las autorizaciones sectoriales que correspondan.
Los arquitectos han advertido al Consell a través de un escrito de alegaciones al nuevo reglamento que, si se aplicase esta medida enfocada en la agilización de los trámites burocráticos, en su momento no se podría haber evitado, por ejemplo, el derribo de la casa Van der Driesche, construida en la década de los 70 y que tiene un valor arquitectónico especial.
Así, el Colegio de Arquitectos ha logrado el compromiso del Consell de que cambiará esta nueva norma e impedirá que sea suficiente una comunicación previa en los municipios, como en el de Sant Josep, en los que no se haya aprobado el catálogo de bienes patrimoniales, al objeto de preservar construcciones contemporáneas cuyo valor aún no se haya reconocido, y blindado, por parte del Ayuntamiento, según explica la nueva presidenta de la Demarcación de Ibiza y Formentera del Colegio de Arquitectos, Carmen Navas.
En principio, el Colegio de Arquitectos, que participó en la elaboración de este reglamento de simplificación administrativa, no tenía previsto presentar alegaciones, pero optó por hacerlo al advertir el riesgo que supone el uso sólo de una comunicación previa para derribar construcciones contemporáneas.
Navas recuerda que el colectivo de arquitectos aplaude este reglamento del Consell, sobre todo por la eliminación de «la duplicidad» de trámites. Pone como ejemplo la tramitación de la cédula de habitabilidad y de primera ocupación, que, aunque no se han eliminado en contra de lo que defiende este colectivo, se ha reducido su tramitación al quedar sujetos a un único documento conjunto tras la obtención del final de obra municipal.
Navas considera «ridículo» que hace un tiempo, una vez finalizada una obra, un promotor tuviera que esperar hasta «un año y medio» para la obtención de la cédula de habitabilidad por parte del Consell y que durante este tiempo no pudiera vivir en su casa ni registrarla en la notaría.
Por su parte, el Consell informó ayer de que ha iniciado, con el Colegio de Arquitectos y con el de Aparejadores, una serie de reuniones con las entidades que han presentado alegaciones contra el reglamento. «Queremos que haya el mayor consenso», justifica.
