El Ayuntamiento de Sant Antoni trata de evitar la reincorporación del celador de obras que fue detenido en 2009 bajo la acusación de aceptar sobornos a cambio de encubrir infracciones urbanísticas aunque, a mediados de 2017, fue absuelto de ello por que, según la sentencia, los hechos probados no encajaban en el delito sobre negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios del que le acusó el Ayuntamiento, sino en otro.
Tal como avanzó este diario, el Consistorio tiene la obligación de reincorporar al celador después de que el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) haya denegado el recurso de la Administración y haya ratificado el derecho del funcionario a recuperar su puesto de trabajo. El celador recurrió, en su día, la pérdida de su puesto de funcionario y, de momento, ha ganado el proceso judicial.
El alcalde, Marcos Serra, explicó ayer que el Ayuntamiento recurrirá finalmente la sentencia ante el Tribunal Supremo. Recientemente, el que era supervisor del celador (un inspector municipal) ha ratificado ante notario el informe de denuncia que hizo en su día y que sirvió de base para trasladar los hechos a la Fiscalía. La ratificación de la denuncia por parte de este funcionario es uno de los argumentos que esgrimirá la defensa del Ayuntamiento, según Marcos Serra, para intentar que el Tribunal Supremo tumbe la sentencia del TSJB e impida la reincorporación del celador a su puesto de trabajo municipal.
Hay que tener en cuenta que la sentencia del TSJB destaca que, una vez reactivado el expediente administrativo, que se paralizó en 2009 cuando se iniciaron las diligencias penales de las que fue absuelto, era «imprescindible» que el inspector ratificara su denuncia. Pero ni compareció cuando fue requerido para ello. Por ello, para tratar de subsanar ese error, ahora, según el alcalde, el inspector ha ratificado ante un notario su informe de denuncia.
Entre otras cosas, el inspector relataba que el promotor de una piscina ilegal le reconoció que el celador de obras le pidió 3.000 euros para «arreglar el asunto». También incluía otros testimonios similares y concluía que el funcionario «se valía de sus conocimientos de las ordenanzas municipales y sabiendo que las construcciones eran ilegales e ilegalizables, al parecer lo utilizaba para su provecho personal».
Con la presentación del recurso ante el Tribunal Supremo se paraliza la reincorporación del celador de obras y el trabajador que desde hace años ocupa la plaza podrá seguir en este puesto.
