Hace justo siete meses, el 11 de febrero, Joan Torres, edil de Obras Públicas de Sant Antoni, se las prometía muy felices. Aquel día organizó una rueda de prensa en el barrio de ses Païsses por todo lo alto para anunciar uno de sus proyectos estrella: eliminar las barreras arquitectónicas del barrio, una jungla urbanística donde surgen como setas los postes telefónicos y de luz en medio de aceras de apenas 40 centímetros de anchura... donde las hay, pues en la avenida principal, Cirerers, hay extensos tramos donde los peatones no tienen por donde pasar. Torres confiaba en proceder inmediatamente a la contratación pública de ese proyecto: «Lo ideal -dijo- sería iniciar las actuaciones en verano».
Pero siete meses después no se ha movido una sola baldosa. ¿La razón? Quienes redactaron el proyecto olvidaron algo esencial: que debe constar por escrito que los propietarios de las fincas ceden al Consistorio la superficie necesaria para que construyan las aceras. El Ayuntamiento, a cambio, se compromete a costear esa obra.
«No estoy contento, estoy muy disgustado porque esto retrasa la contratación de esta obra tan importante para ses Païsses. Nunca pensé que la tramitación fuera a ser tan larga. Tendría que haber sido más ágil», admite Torres. «El proyecto estaba listo, pero para cerrarlo había que incluir esos terrenos donde no podemos acceder si no son cedidos al Consistorio», explica. En cuanto desde Secretaría el Consistorio se dieron cuenta de esa laguna, buscaron un sistema para poder hacer esas permutas: «Se pidió a un abogado externo que redactara un convenio por el cual, a cambio de la cesión al Ayuntamiento del terreno, este se compromete a correr con los gastos ocasionados por la ampliación de la acera, hasta que esta tenga, al menos, 1,5 metros de anchura».
«Está atascado. Las cosas no son tan ágiles como quisiera desde el departamento»
La concejalía que dirige Torres aún está pendiente de la firma de los convenios, que deben rubricar individualmente cada uno de los afectados en el Consistorio. «Está atascado -confiesa el edil-. Las cosas no son tan ágiles como quisiera desde el departamento».
De momento han empezado a enviar borradores de ese convenio a cada uno de los propietarios «con la afección de superficie que les corresponde para que lo estudien. Posteriormente tendrán que acudir al Consistorio para firmarlo». Torres recuerda que a los dueños «les cuesta cero euros una cesión que no se hizo en su momento».
«Queda cerrar los convenios con los afectados. Espero -añade- que todos lo firmen para empezar la licitación de la obra». Si todos están de acuerdo, «mejor, será todo mucho más ágil. Si no, retrasaría el proyecto», reconoce. Pero no se paralizaría, avisa: «Quizás dejaríamos temporalmente al margen algún tramo de calle y ejecutaríamos los que estuvieran de acuerdo con la cesión».
Y con los que no accedan «se buscaría otra vía para poder ejecutar el proyecto». ¿Se les expropiaría? «No me gusta usar esa palabra, pero si no hay cesión, no hay otra manera», señala.
Hay tres afectados en la calle les Vinyes (donde hay aceras que se cortan de repente) y «una decena» en Cirerers, la avenida principal, en la que hay tramos muy peligrosos en los que los peatones y los conductores se juegan la vida a diario: «Es una vergüenza», calificó Torres hace siete meses el estado en el que se encuentra esa zona.
