El Govern balear advierte al Consell de Ibiza, a través de la dirección general de Turismo y de la de Cultura, de que el reglamento de simplificación administrativa aprobado inicialmente por el pleno de la institución insular invade por diversas razones competencias autonómicas. En concreto, Turismo alega que la regulación de la explotación turística de las casas payesas, al margen del Plan Territorial Insular (PTI) o un Plan de Intervención de Áreas Turísticas (PIAT), pendiente de aprobación, es una función propia de la Comunitat Autònoma y, por tanto, vulnera el reparto de competencias previsto en el Estatut d’Autonomia.
El grupo del PSOE en el Consell también ha presentado alegaciones en el mismo sentido y advierte también al Consell de que la ley de Turismo de Balears sólo prevé que las instituciones insulares pueden delimitar zonas turísticas a través de un PIAT o el PTI.
Además, la dirección general de Turismo también alega que el Consell no puede hacer un reglamento sobre aquello que ya fue reglamentado por parte del Ejecutivo autónomo, según explica el vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, del PP, que discrepa de este criterio. Juan explica que el Estatut d’Autonomia, de 2007, «da autonomía a los consells insulares para aprobar reglamentos en el ámbito de sus competencias». «Y nadie duda de que la ordenación turística compete al Consell desde hace años. Por tanto, podemos reglamentar esta cuestión, siempre y cuando nos movamos dentro de los márgenes de la ley».
«No me parece de recibo que Turismo diga que lo reglamentado por el Govern ya está agotado y los consells no podamos entrar. En ese caso, ¿qué autonomía se dejaría a los consells? Defenderemos la autonomía normativa porque somos suficientemente maduros para reglamentar sobre ordenación turística», añade Juan.
Control arqueológico
Asimismo, la dirección general de Cultura del Govern balear, el Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera (MAEF) y la Asociación de Amigos del MAEF también han presentado alegaciones contra el reglamento de simplificación administrativa del Consell con la advertencia de que el artículo 7, el que facilita la autorización de las intervenciones arqueológicas preventivas, vulnera también competencias autonómicas, por lo que reclaman su supresión.
La Universitat de les Illes Balears y el Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias también han presentado alegaciones en el mismo sentido.
El reglamento prevé como novedad que si en el plazo de un mes el Consell no responde a una solicitud de autorización para llevar a cabo una prospección arqueológica (previa a un proyecto de reforma o construcción para evaluar el posible hallazgo de restos arqueológicos), se dará por admitida dicha petición. Esta condición favorable se circunscribe a terrenos sin figuras de protección patrimonial ni incluidas en zonas de interés arqueológico, según el reglamento.
Modificación de la norma balear
La dirección general de Cultura del Govern y el MAEF sostienen que, en este punto, el reglamento del Consell modifica el decreto 14/2011 sobre intervenciones arqueológicas de les Illes Balears. Así, la Comunitat destaca en sus alegaciones que el Consell «no puede modificar directamente o derogar el propio texto normativo (balear) porque no tiene competencia para ello». En este sentido, agrega que la legislación refleja «una clara vocación para alcanzar la máxima protección en cuanto a los procedimientos de catalogación e identificación de los objetos obtenidos en las excavaciones, sondeos o prospecciones arqueológicas».
Fuentes de la conselleria balear de Cultura apuntan que están abiertos al «diálogo» para alcanzar «un consenso» en aquellas cuestiones en las que «sea necesario mejorar la legislación vigente». «Probablemente, se ha dialogado con otros sectores, pero sería necesario hacerlo también con los del ámbito del patrimonio, como la UIB, el MAEF y profesionales de la arqueología, entre otros», dicen.
Juan asume que la norma de Patrimonio podría ser eliminada
El vicepresidente primero del Consell, Mariano Juan, dice que las discrepancias sobre Patrimonio son de carácter «jurídico». «Lo estamos analizando», indica, al tiempo que deja entrever que esta alegación sí podría prosperar. «Si no puede ser, no será», dice. Juan justifica esta norma en «el espíritu de la directiva europea Bolkestein de flexibilización administrativa», que es posterior a la ley de Patrimonio. Dos ayuntamiento solicitaron esta medida para acortar los plazos de tramitación de las intervenciones arqueológicas.
