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Freno a las inmobiliarias que no informan en castellano o catalán

La mayoría de las 22 empresas revisadas rectifica de forma voluntaria

Consumo reclama que la información se ofrezca en una de las lenguas oficiales de Balears. | M. MIELNIEZUK

Es conocido el peso que la demanda extranjera tiene en la adquisición de viviendas en las islas, pero la Dirección General de Consumo ha decidido poner freno a las inmobiliarias que limitan su oferta a la clientela no española, al presentar la información sobre sus residencias solo en los idiomas de los países a los que dirigen su producto, pero no en alguna de las dos lenguas oficiales de las islas, como son el español y el catalán.

El trabajo que los inspectores del Govern vienen realizando desde el pasado mes de junio consiste en controlar tanto la información que se ofrece en las oficinas como en las páginas web de esas inmobiliarias. De las 22 revisadas, todas presentaban incumplimientos.

En concreto, durante las últimas semanas se ha inspeccionado en las oficinas de empresas cuya actividad está especialmente dedicada a la clientela extranjera no solo el idioma en que ofrecen la información en sus escaparates, como la referida a las características de la vivienda, sino también el de los contratos y de sus ficheros, a lo que se suma si en sus webs constaban los datos de la inmobiliaria para comprobar su veracidad.

Una vez comprobadas las deficiencias, se está dando un plazo a los empresarios para que las subsanen e incorporen alguna de las dos lenguas oficiales de la comunidad autónoma a esa información.

El aspecto positivo, según destaca el director general de Consumo, Félix Alonso, es que a medida que esas notificaciones se producen, la mayoría de las inmobiliarias revisadas están aceptando corregir su postura inicial e incorporan el catalán o el español en la relación con sus clientes, de forma que la demanda nacional también pueda acceder a estos inmuebles.

A la vista de los resultados que se han obtenido en Mallorca, estas revisiones se han ampliado a partir de este mes a Menorca y Ibiza.

El ‘boom’ de los extranjeros

Esta iniciativa se toma en un momento en el que desde el sector inmobiliario de las islas se admite que se está viviendo un ‘boom’ en la adquisición de residencias de las islas por parte de extranjeros, coincidiendo con las fechas en las que se flexibilizaron las restricciones para viajar en sus países de origen.

En este aspecto, se subraya que en estos momentos entre un 30% y un 40% de las ventas que se formalizan en Mallorca tienen como compradores a personas llegadas de otros países, un porcentaje que es especialmente alto en el caso de los inmuebles de nueva construcción, dado que ya se planifican pensando en un producto de precio alto al que la mayoría de las clases medias residentes no pueden acceder.

Coincidiendo con este impulso de la demanda de otros países se ha hecho coincidir la campaña de inspecciones, con el fin de velar porque se cumplen los derechos de los consumidores de acceso a la información que facilitan estas empresas en alguna de las lenguas locales.

Los 60.000 euros de multa como precedente para exigir las lenguas oficiales

Desde la Dirección General de Consumo se destaca que existe un precedente para convencer a los empresarios de la conveniencia de respetar la obligación de incorporan la lengua española o la catalana en la información que ofrecen a sus clientes: los 60.000 euros de sanción que se impusieron a un establecimiento cuya propietaria se negó a asumir esa orden.

En enero del pasado año un juzgado de lo contencioso administrativo de Palma respaldó la aplicación de la multa antes señalada por una infracción muy grave en materia de consumo, al no cumplir con la exigencia de incorporar alguna de las dos lenguas oficiales de las islas, ya que aunque había incluido etiquetas en español en parte de sus productos, no lo había hecho en todos. La empresaria había presentado un recurso, y alegado además que su clientela era alemana, de ahí que inicialmente solo se etiquetara en ese idioma.

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