La Audiencia Provincial de Balears juzgará esta semana a una asesora fiscal de Ibiza por quedarse presuntamente con las liquidaciones de Hacienda de un supermercado que la había contratado para hacer la declaración.
La Fiscalía le imputa un delito de apropiación indebida y pide para ella una pena de dos años de prisión, además de una multa de alrededor de 2.000 euros, por nueve meses a razón de siete euros diarios, además de indemnizar a la propiedad del supermercado con 9.961 euros por las cantidades supuestamente apropiadas y no devueltas, con los intereses legales correspondientes.
Los hechos ocurrieron entre los ejercicios 2013 y 2016, cuando el propietario de la tienda encargó a la asesora que hiciera las autoliquidaciones de los impuestos y recibió de éste el dinero que tenía que pagar a Hacienda, además de sus honorarios.
Entonces, y según el escrito del fiscal, la mujer «incorporó tales importes a su patrimonio de forma ilícita y dejó de presentar las autoliquidaciones a la Agencia Tributaria».
El perjuicio para el supermercado no fue solo por los pagos que no se efectuaron, sino también por las sanciones, intereses y retrasos que le exigió la Agencia Tributaria, entre los que figura un embargo de muebles.
