La Audiencia Provincial de Balears juzgará este lunes al ciudadano francés Pierre Dadak por en supuesto delito de estafa por una denuncia falsa del robo de un reloj en su mansión de Ibiza, por el que el fiscal pide la pena de dos años de cárcel y una indemnización de 23.930 euros a la aseguradora.
Los hechos se remontan a julio de 2015, cuando el ahora acusado denunció ante la Guardia Civil que varias personas habían entrado en su casa de Sant Josep tras romper la puerta de la cocina y habían sustraído 17.000 euros en efectivo y dos relojes: un Rolex modelo Daytona y un Audemars Piguet modelo Royal Oak Off Shore.
Según el escrito de la Fiscalía, el encausado denunció el robo del segundo de los relojes "a sabiendas de que lo tenía en su poder" y "con ánimo de obtener un beneficio económico" puso los hechos en conocimiento de la aseguradora.
La compañía le indemnizó ese mismo mes con más de 60.000 euros. 50.000 de ellos por los dos relojes, la que el Rolex estaba valorado en 26.070 euros y el Audemars Piguet en 23.930.
Por ello, el fiscal considera que incurrió en un delito de estafa, por el que pide los dos años de prisión y la indemnización por el valor del segundo reloj.
Dadak, que se instaló en Ibiza hace años fue detenido posteriormente en dos ocasiones en la isla por su presunta relación con el tráfico de armas internacional.
La primera fue en 2016 en el marco de una espectacular operación ordenada por el Juzgado de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional en la que los GEO tomaron literalmente al asalto la casa de Sant Josep. La Audiencia atribuía a la red de Dadak los delitos de blanqueo de capitales, extorsiones y amenazas a empresarios, además de tráfico de armas, que incluía lanzagranadas y tanques. En la casa fue intervenida abundante documentación, además de cuatro vehículos de alta gama.
Fueron detenidas doce personas, entre ellas un agente de la Policía Local de Sant Josep. Tras más de un año y medio en prisión provisional, el ahora encausado fue puesto en libertad con cargos.
La segunda detención ocurrió en 2018, cuando agentes de la Guardia Civil de Sant Antoni le arrestaron en virtud de una euroorden de Alemania por un presunto delito contra la Hacienda Pública. El ciudadano franco-polaco declaró por videoconferencia desde los juzgados de Eivissa ante la jueza Carmen Lamela de la Audiencia Nacional y quedó de nuevo en libertad con cargos, además de retirársele el pasaporte.
