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Política

El caso Verdugo: mala gestión, mentiras y agravios infundados

La magistrada recuerda a Javier Verdugo en la sentencia que «acudir en horario nocturno un día para cubrir la falta de oficiales» por su propia mala gestión del cuadrante «ni humilla ni atenta contra la dignidad»

Aída Alcaraz mira al frente el día del juicio celebrado en mayo. Toni Escobar

Entre los múltiples «agravios» que Javier Verdugo decía padecer destaca, por ejemplo, que Aída Alcaraz le ordenara en una ocasión que cubriera en horario nocturno la falta de oficiales de policía. La situación, según se concreta en la sentencia, fue provocada por «una mala gestión de los cuadrantes» del propio Verdugo. El jefe de la Policía consideró que la concejala se lo pidió «con intención de menospreciarle», al hacerle cubrir como jefe una plaza correspondiente a la de un oficial. Es decir, se sintió degradado.

Javier Verdugo y Aída Alcaraz visitan una zona afectada por un incendio en marzo de 2019. | J.A.RIERA

Pero la jueza vuelve, como en otros casos, a leer la cartilla a Verdugo: «Antes que nada, se hace preciso señalar que el jefe de la Policía Local cobra por disponibilidad, lo que implica que si surge alguna circunstancia que requiera su presencia debe acudir, sea el día o la hora que sea». Recuerda Ramírez que «la organización de los cuadrantes y servicios corresponde a la propia Policía Local y se gestiona desde el retén», una responsabilidad que -nuevo tirón de orejas- «recae sobre el jefe de Policía». Es decir, sobre Verdugo. Es decir, que no hizo bien su trabajo. Según consta en la sentencia, se le solicitó que se hiciera cargo «del dispositivo para la puesta en marcha de la declaración de la ZPAE [zona de protección acústica especial] porque no estaba previsto en el cuadrante».

La magistrada zanja la cuestión, una vez más, aludiendo a que no entiende de qué se queja Verdugo: «Que el jefe de Policía Local tenga que acudir en horario nocturno un día para cubrir la falta de oficiales de policía por la mala gestión del cuadrante, cuya responsabilidad recae sobre él, ni humilla ni atenta contra la dignidad, formando parte este hecho de sus funciones como policía».

Verdugo acusa además a Alcaraz de que, en su «dinámica de marginación, menosprecio y destrucción de su reputación», agentes bajo su mando asistieron a varios eventos, como la feria Sicur 2016 en Madrid, junto con la edil y Ángeles Gallardo (directora técnica de Seguridad), un oficial encargado de material y otro oficial. Verdugo aseguró en el juicio que tuvo conocimiento de los pormenores de ese viaje cuando la edil le pidió que compensara las horas a los agentes. Pero, al parecer, no fue así: la asistencia a la feria se empezó a gestionar en diciembre de 2015, momento en que Verdugo se encontraba de vacaciones, por lo que se trató todo el tema con el jefe accidental. La jueza da por probado que cuando el jefe de Policía se incorporó, Alcaraz le informó: «Consta en la causa un email de 22 de febrero en el que se informa a Verdugo de la asistencia de los dos oficiales a la feria, por lo que no consta acreditado que en esa cuestión se le ninguneara, ignorara o marginara».

«Una edil que hacía su trabajo»

También considera Verdugo que Alcaraz intentó «destruir su reputación profesional» con «un comportamiento que degradó su integridad moral». ¿Cuál fue?:"Salir de vigilancia de servicio por el West End junto con Ángeles Gallardo para decidir el número de efectivos necesarios para cubrir la zona de ocio», algo que, se quejó el policía, «hizo sin contar con él». Vistas las pruebas, la magistrada llegó a la conclusión de que Verdugo sacó las cosas de quicio: Alcaraz no salió de «vigilancia» porque «es una función que no le corresponde» ni podría haber desempeñado por no ser policía. La edil explicó en el juicio que acudió allí junto a Gallardo «para comprobar in situ la situación de esa zona tan conflictiva y sus necesidades». Un agente declaró, como cualquier ciudadano sabe, que «es habitual que los concejales y técnicos del Ayuntamiento paseen por el West para comprobar cuál es la situación» que se vive allí. «En todo caso -subraya la magistrada-, no se alcanza a comprender en qué humilla y degrada la integridad moral de Verdugo el hecho de que la concejala de Gobernación, Interior y Protección Civil pasee acompañada de la directora técnica de Seguridad por una zona de ocio nocturno bastante conflictiva, con la intención de comprobar personalmente qué sucede en ella. Se trata simplemente de una edil haciendo el trabajo para el que ha sido elegida por los ciudadanos», recalca.

Y concluye la magistrada con otro zasca: «Tampoco consta que sea preceptiva la presencia del jefe de Policía Local cuando la edil quiera visitar el West End».

Tres no son multitud

La magistrada pilla en otro renuncio a Verdugo. Este aseguró que «en multitud de ocasiones» solicitó ir a cursos de formación pero que la edil no le autorizó. Las pruebas dicen lo contrario. Solo hay constancia de tres solicitudes (no una multitud) del jefe de la Policía Local para asistir a cursos: la primera (en noviembre de 2015), para un curso de reciclaje de monitor de tiro en Palma, que fue autorizada y por la que, además, el Consistorio corrió con todos los gastos; la segunda, para un acto de la Guardia Civil en Palma (abril de 2016), que también le fue autorizada y por la que, de nuevo, el Ayuntamiento pagó todos los gastos; y una tercera para un curso en Palma al que también se le autorizó ir e incluso se acordó compensarle el tiempo invertido en el mismo.

No obstante, como el Consistorio ya había gastado todo el dinero del que disponía para la formación (ocurrió en diciembre de 2016) se comunicó a Verdugo que, en este último caso, el Ayuntamiento no podría abonarle los billetes y el alojamiento. «En conclusión -señala la magistrada en la sentencia-, no constan acreditadas esa multitud de ocasiones en las que Verdugo solicitó ir a cursos de formación y la acusada no le dio autorización».

Se saltó a la edil para comprar uniformes

La sentencia también mete el dedo en la llaga en la polémica adquisición de uniformes de la Policía Local. En octubre de 2015, Javier Verdugo, como jefe de la Policía Local, «sacó una instrucción para el cambio de uniformidad», lo que incumplía «lo establecido en el artículo 90 del Decreto 28/2015 de Coordinación de Policía Local». Ese artículo, recuerda la magistrada, «establece que las fechas de cambio de vestuario las determina la Corporación» municipal. «Verdugo es conocedor de esta normativa, ya que, de hecho, así lo hizo en la anterior legislatura emitiendo un informe de petición de cambio al concejal que había entonces, que era Xicu Cardona, que fue quien acordó el momento del cambio del vestuario», se indica en el texto.

«Sin embargo -prosigue-, en este caso, como la concejal era Alcaraz, Verdugo omitió ese informe previo, decidiendo personalmente el momento del cambio del vestuario y causando un perjuicio al Consistorio, ya que no constató la existencia de prendas». El jefe de la Policía Local se marchó entonces de vacaciones. Al regresar, el alcalde, José Tur, Cires, redactó un decreto al respecto y comunicó a Verdugo «la necesidad de que las instrucciones, como consecuencia de la legislación en materia de uniformidad, las debía comunicar a la concejal de Gobernación o a la alcaldía».

La magistrada señala en la sentencia que «por este tema se siguen diligencias previas en el juzgado de instrucción, como consecuencia de una denuncia interpuesta por agentes de Policía Local». En su fijación por culpar a Alcaraz, Verdugo aseguró en el juicio que, «en aras de interferir en sus funciones como jefe, se acordó, a través de la alcaldía y mediante decreto del alcalde, que cualquier orden o instrucción de la jefatura debía ser filtrada previamente por la concejala». Pero el alcalde declaró que fue la alcaldía y no Aída Alcaraz quien decidió emitir ese decreto.

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