La sentencia que absuelve a la exconcejala de Gobernación de Sant Antoni Aída Alcaraz de haber acosado laboralmente, vejado o cometido actos degradantes contra el jefe de la Policía Local de Sant Antoni, Javier Verdugo, desvela actuaciones «irregulares» de este último en función de su cargo y que provocaron la apertura de diversos expedientes disciplinarios. En el juicio, Verdugo quiso achacar esas sanciones al «acoso y derribo» al que fue sometido por Alcaraz, algo que la magistrada Clara Ramírez de Arellano, titular del juzgado 1 de lo Penal de Ibiza, desmonta en su sentencia.
Verdugo, por ejemplo, consideraba que «el hecho más escandaloso en aras a desprestigiar su labor profesional» sucedió el 12 de febrero de 2016, «cuando Alcaraz se presentó en su lugar de trabajo y, en presencia de agentes y administrativos, hizo referencia a unos sobres de dinero, los cuales se hallaban en un armario pendientes de ser ingresados». El jefe de la Policía Local alegó que esos sobres procedían del cobro de multas y que ya había solicitado a Tesorería que le comunicara los pasos que debía dar para ingresarlas y para que no siguieran en la oficina, «pero no le contestaban», afirmó. Eso sí, «Verdugo reconoció que al nuevo equipo de gobierno [llegado en 2015], del que formaba parte la acusada, no le comunicó la existencia de esos sobres ni los puso a su disposición».
Alcaraz declaró en el juicio que aquel día de febrero de 2016, mientras buscaba material, encontró en un armario una caja de folios que contenía «bolsas de plástico transparente con dinero y denuncias que provenían de aprehensiones hechas a los vendedores ambulantes durante los años 2013, 2014 y 2015». La mayor parte de las denuncias eran «originales», es decir, «que las mismas no habían llegado a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para ser tramitados los correspondientes expedientes sancionadores». Y la mayoría de aquellas denuncias habían prescrito. Ante esa situación, Alcaraz «llamó al secretario del Ayuntamiento para que levantara acta, al tesorero para que recontara el dinero, y al concejal de Hacienda, a Verdugo y a dos policías para que hicieran de testigos». También pidió a Verdugo que, como jefe de la Policía Local, redactara un informe. Por ese incidente se incoó expediente sancionador a Verdugo, por el que fue sancionado.
Acusada por cumplir su obligación
Para la magistrada, resulta «cuando menos curioso que Verdugo denunciara a la acusada por cumplir con su obligación al detectar la grave irregularidad de la conducta en que incurrió como jefe respecto a los sobres» que contenían dinero. De ahí que la jueza considere que «constatar una irregularidad y poner los medios necesarios para corregirla no constituye un acto de acoso, ni de humillación ni de ataque a la dignidad», pues quien comete una irregularidad «ya se humilla él solo con su conducta y no es admisible que se culpe a otro de lo que uno mismo ha realizado indebidamente».
Resulta «cuando menos curioso que Verdugo denunciara a la acusada por cumplir con su obligación al detectar la grave irregularidad de la conducta en que incurrió como jefe respecto a los sobres»
A Javier Verdugo tampoco le sentó bien que la entonces edil de Gobernación le abriera «varios expedientes disciplinarios» más. Por ejemplo, tras constatar, por la comunicación recibida por la Delegación de Gobierno, que, en contra de lo que Verdugo había asegurado, «no había autorización alguna para la Unidad de Paisano». Esa unidad funcionó «desde noviembre de 2014 hasta junio de 2016 sin la correspondiente autorización del Ministerio, con la consecuente gravedad de las consecuencias que hubiera podido tener tal cuestión», destaca la magistrada. ¿Y por qué dijo Verdugo que había autorización para la Unidad de Paisano cuando lo cierto era que no la había?, se le preguntó durante el juicio. Según arguyó, «hubo una autorización a tal respecto, pero, realmente, tal autorización había caducado y no se volvió a solicitar».
Y acusada «sin razón»
A la vista de eso, indica la magistrada, «lo lógico es la incoación de un expediente disciplinario, que es precisamente lo que se hizo». Carece así Verdugo, según refleja la sentencia, «de razón alguna para acusar a Alcaraz de acoso laboral por la apertura de ese expediente o por la apertura de cualquier otro de los expedientes disciplinarios incoados contra él». Ramírez mete aún más el dedo en la llaga al recordar que no fue ella, sino el entonces alcalde, José Torres, «quien ordenó la incoación de los expedientes disciplinarios». Entonces, ¿por qué la culpaba a ella?
