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Urbanismo

Casa Lola fuerza un aplazamiento del derribo con una triquiñuela

La prórroga se debe a que el representante legal de la propiedad que fue notificado informó posteriormente al Consistorio de que ya no ejerce como tal, lo cual obligó a remitir las comunicaciones a las sociedades vinculadas con la promotora

Momento en que agentes de la Policía local, con la ayuda de la Guardia Civil, precintaron hace unos años la entrada de Casa Lola

El Ayuntamiento de Sant Josep ha decidido esta mañana ampliar hasta el día 22 el plazo para que la promotora del complejo turístico Casa Lola, la empresaria Paquita Sánchez (Inversiones Hoteleras Faro SL) restablezca la legalidad infringida con el derribo de todo lo edificado sin licencia. En principio, el plazo acababa hoy, pero el equipo de gobierno ha decidido ampliar el plazo para tener «más garantías» del cumplimiento estricto de la legalidad después de que la persona que ostentaba la representación de la propiedad informara al Ayuntamiento de que ya no ejercía como tal. Inicialmente, el Consistorio notificó la orden de derribo a esta persona.

Cuando ésta informó de que ya no representaba a la propiedad, el Ayuntamiento remitió la misma comunicación a las sociedades vinculadas con el complejo turístico ilegal. Así, el Consistorio entiende que el plazo de tres semanas debe contar a partir de estas últimas notificaciones y, por ello, para evitar «cualquier objeción» y problema que pueda retrasar más el derribo, ha optado por ampliar el plazo previsto hasta el 22 de este mes.

En el caso de que en este período la propiedad no presente un proyecto de demolición (tampoco lo había hecho ahora) ni dé muestras de su voluntad de ejecutar la demolición de las construcciones ilegales, el Consistorio procederá acto seguido a pedir autorización judicial para entrar en el complejo y ejecutar el derribo. Posteriormente, se le reclamará a la propietaria el pago del coste. El Ayuntamiento ya cuenta con un un proyecto de demolición, con un presupuesto de 40.000 euros.

Ahora, al margen del derribo de las construcciones ilegales, se reactiva el procedimiento administrativo sancionador. Tipificadas las obras ilegales como una infracción grave, la propuesta de multa asciende a 1,4 millones de euros.

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