La reactivación de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Sant Josep ya tiene fecha: la próxima semana, concretamente el miércoles 8 de septiembre a las 12 horas. Es el día y la hora en la que el alcalde, Ángel Luis Guerrero, se reunirá con el equipo redactor de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Sant Josep de sa Talaia (formada por Territorio y Ciudad y el Centro de Observación y Teledetección Espacial) a la que el Consistorio adjudicó por 846.900 euros esa tarea. Después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales resolviera a favor de esa adjudicación, la UTE ya tiene vía libre para iniciar los trabajos que desatasquen una de las asignaturas pendientes del municipio: sustituir las parcheadas y vetustas Normas Subsidiarias (de 1987) por un planeamiento más actual.
«Hay que empezar a trabajar», indicó ayer Guerrero durante el pleno ordinario de la corporación a preguntas del edil de Ciudadanos Daniel Becerra. El alcalde, que calcula que la UTE tendrá ahora «seis meses para hacer un primer análisis», quiere que la elaboración del PGOU sea «un proceso en el que todos participen. Debe ser muy transparente porque se trata del territorio, tema en el que hay diferentes sensibilidades e intereses».
Guerrero avanzó qué filosofía desea imprimir al planeamiento: «Habrá que hacer un PGOU que prime los intereses generales sobre los particulares. No puede ser que sigamos pensando como un municipio pequeño, creando calles que van haciendo curvas en función de quién es el titular del terreno. Hay que dar una vuelta de hoja a todo esto y diseñar un municipio de futuro». Porque, subrayó, «con un mal urbanismo tienes una mala sociedad».
El alcalde explicó que la primera fase consistirá «en el análisis del plan anterior, del recorrido que han tenido las Normas Subsidiarias. No habrá propuestas, sólo análisis». Será, afirmó, «un trabajo bastante denso: los redactores deben comprobar el desarrollo de cada área de actuación y de los suelos urbanizables».
En ese sentido adelantó cómo concibe el futuro municipio: «Si ha de haber algún crecimiento, si así lo indicara el análisis, tocaría en los núcleos urbanos lógicos, como Sant Jordi y Cala de Bou. No tiene sentido buscar nuevos crecimientos en el mundo rural o como los ocurridos en Porroig o en las zonas de las calas». Apuesta por «una mayor intensidad del uso del suelo» porque «eso de la parcelación de 500 metros debe acabar, como tener esa sensación de que el campo es un falso urbano o un urbano de baja intensividad. La gente ha de vivir en los núcleos urbanos».
El alcalde, que parecía tener ganas de hablar de ese tema, también se explayó al respecto cuando Vicent Torres, edil de Proposta per Ibiza, le preguntó si tenía intención de aportar al equipo redactor la documentación elaborada previamente: «Mi intención es coger mucha, mucha, mucha de aquella documentación y propuestas hechas en su día».
Propuestas de 2009 y 2014
Guerrero recordó que la primera de esas propuestas data de hace 12 años (2009) y la segunda, de 2014: «No creo que haya muchas diferencias [entre ellas], salvo en zonas como Platja d’en Bossa y el tratamiento de los núcleos rurales».
También en clave urbanística, y a raíz de una cuestión planteada por Cs, el alcalde señaló que, a día de ayer y a falta de tres jornadas para que venza el plazo, la propiedad de Casa Lola, en la zona de Davall sa Serra, «no ha presentado aún en el registro de entrada del Ayuntamiento el proyecto de demolición». El Consistorio dio a la promotora un plazo de tres semanas (que comenzaba el 13 de agosto) para ejecutar voluntariamente el derribo del conjunto de sus construcciones ilegales, que abarcan 2.000 metros cuadrados.
Entrar en Casa Lola
«Sí ha habido -agregó- un registro de entrada por parte de una de las personas o entidades que representaban [a la propiedad] para aclarar que ya no lo hacen, de manera que se tuvo que hacer una nueva notificación. Entendemos que esa notificación ha sido hecha desde los servicios jurídicos y que, por tanto, los plazos continúan en marcha». El alcalde insistió en que no ha recibido aún «el proyecto de demolición» ni tiene «constancia de que la propiedad lo vaya a derruir voluntariamente».
Pero sí sabe cómo proceder el viernes si nada cambia hasta entonces: «Esta institución mandará a la Policía Local para que levante acta y solicitará la entrada en el domicilio al juzgado para ejecutar el derribo de aquellos casi 2.000 metros cuadrados que hay de más». Guerrero desea acabar con un problema que lleva años enquistado: «Nos han tomado el pelo a unos y a otros [gobiernos] amparándose en ese exceso de legalidad, en ese exceso de derechos que a veces se da al infractor». Es un tema que se arrastra desde 2010, recordó: «Es lamentable. La justicia es lenta pero también inexorable. Pero ya se han dado los pasos y acabaremos con esto».
