El Govern levantó entre julio y agosto 62 actas de infracción (11 en Sant Antoni) por «fondeos en zonas protegidas, chárteres ilegales y embarcaciones de alquiler que no cumplían las medidas covid o que contaban con irregulares tributarias». Se trata de una intervención conjunta entre la Guardia Civil y Autoridad Portuaria de Balears (APB), según explicaron ayer en rueda de prensa el conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, y el conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir. El objetivo del operativo es «controlar las buenas prácticas de las embarcaciones en el medio marino», destacaron. «Por ello se ha prestado especial atención a los barcos de alquiler, al fondeo sobre posidonia o a la recogida de personas en puntos no habilitados para ello», concluyeron.