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Intrusismo

El Consell de Ibiza propone multas de hasta 300.000 euros por las fiestas ilegales en viviendas

Advierte de que las ‘villa parties’ en suelo rústico están decayendo y se trasladan a locales en zonas urbanas

Un momento de la reunión en el Consell de Eivissa con los representantes sindicales y patronales de la Mesa de Diálogo Social. | ZOWY VOETEN

El Consell de Ibiza instará al Govern balear a que modifique la ley para hacer frente a las fiestas ilegales en viviendas particulares, elevando las multas a los organizadores hasta los 300.000 euros y, en el caso de estancias turísticas, suspendiéndoles la licencia por un periodo de hasta tres años. La institución también asegura que la presión policial e institucional está surtiendo efecto y se está reduciendo el número de estos eventos en chalés en el campo, aunque se están trasladando a locales urbanos o a barcos.

El presidente Vicent Marí, el vicepresidente Mariano Juan y la directora insular de Intrusismo, Naihara Cardona, mantuvieron ayer diferentes reuniones para presentar esta propuesta, con los cinco ayuntamientos, las cuerpos policiales, la dirección General de Emergencias del Govern, la Dirección Insular de la Administración General del Estado, los grupos políticos de la oposición y con los representantes de la Mesa de Diálogo Social, integrada por patronales y sindicatos. La intención del Consell es llegar al máximo consenso posible, recibiendo las aportaciones del resto de sus interlocutores al documento final, para que el Govern «acabe aceptando esta propuesta o elabore una alternativa en esta línea [acabar con el las fiestas ilegales]». «Lo importante es remar todos juntos en la misma dirección», incidió.

Aclarar la normativa

Con esta iniciativa, el Consell pretende corregir «la ausencia de una normativa clara», según Mariano Juan. Para hacer efectivas estas medidas, el Parlament balear debe aprobar «modificaciones puntuales» en la ley de actividades y en la de turismo para tipificar las infracciones por fiestas multitudinarias en viviendas.

El Consell se basa en la jurisprudencia de algunas sentencias por celebraciones de estas características en Sant Josep y en Santa Eulària, en las el juez dictaminó que, si en una vivienda se celebra una actividad «de pública concurrencia» sin la preceptiva autorización municipal, esta deja de considerarse domicilio y pasa a acoger una actividad profesional. De esta manera, quedaría avalada la intervención policial para acceder a la propiedad

Multas más severas

En estos momentos, los organizadores de estas fiestas que necesitarían autorización municipal pueden ser sancionados con 30.000 euros, mientras que el Consell pide que las multas sean de entre 100.000 y 300.000 euros. Además de los organizadores del evento, las personas que publiciten y capten clientes para la fiesta también serán considerados responsables directos de la infracción.

No hablamos de alguien que tenga la mala suerte de que un inquilino le organice una actividad, sino de los propietarios que formen parte de ella

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Los propietarios de las viviendas podrían ser considerados responsables subsidiarios de las infracciones si, en caso de que tengan conocimiento de ellas, no avisan a las autoridades o actúan para evitar que se lleven a cabo. «No hablamos de alguien que tenga la mala suerte de que un inquilino le organice una actividad, sino de los propietarios que formen parte de ella», precisó Juan.

En el caso de que las fiestas se celebren en viviendas turísticas, los organizadores y colaboradores se enfrentarán a las mismas sanciones, en el supuesto de salir adelante la modificación legislativa. Además, los propietarios se enfrentarían a una suspensión de su licencia de estancia turística por un periodo de hasta tres años, según el borrador del Consell.

"Los rastreadores tienen un efecto disuasorio"

El vicepresidente y conseller de la Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, defendió el papel que está desempeñando la empresa contratada por el Consell para rastrear la celebración de fiestas ilegales y apuntó que está surtiendo efecto. «Se ha notado un descenso muy importante de este tipo de comercialización y suponemos que se debe al efecto disuasorio de haber anunciado la medida», valoró.

Juan señaló que las policías locales también han constatado un caída en la organización de eventos masivos en viviendas, aunque advirtió de que se están trasladando a locales urbanos, tal y como ha sucedido con dos fiestas desalojadas en la última semana. El conseller también destacó que las policías locales trabajan en un protocolo para unificar los criterios de actuación para mejorar la lucha contra estas infracciones.

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