El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma de Mallorca ha rechazado la demanda de la compañía de autobuses Voramar El Gaucho, del grupo Alsa, de percibir una indemnización por el perjuicio económico que, según defiende, le causó la obligación del uso de la estación de autobuses Cetis entre julio y diciembre de 2013. Se trata de los primeros cinco meses en los que las compañías se vieron obligadas a utilizar el Cetis por mandato del Consell (a instancias del Ayuntamiento de Ibiza) hasta que la máxima institución insular cerró la terminal con el apoyo de una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB).
La sentencia descarta ahora el pago de compensación alguna a Voramar el Gaucho al entender que «las eventuales pérdidas del concesionario no bastan para acordar medidas de reequilibrio económico-financiero» de la concesión y, según el criterio del magistrado, estas «deben recaer necesariamente en el ámbito ordinario del riesgo y ventura que el contratista asume».
El magistrado indica que los informes que la compañía aporta a la causa no llevan a cabo «el imprescindible análisis comparativo» entre el plan económico-financiero del concesionario con «las circunstancias concurrentes en la explotación del servicio» para demostrar el desequilibrio financiero. «No se puede pretender trasladar a ejecución de sentencia una prueba que determine esa ruptura del equilibrio», destaca.
Además, la sentencia recuerda que en abril de 2016 se emitió otro fallo judicial favorable a las tarifas del Cetis acordadas por el Ayuntamiento y en el que, además, se desestimó la pretensión de las compañías de autobuses (también Autobuses San Antonio) de percibir una indemnización por los supuestos daños y perjuicios ocasionados durante los primeros cinco meses en los que, en su primera etapa, funcionó el Cetis.
Casi al final del pasado mandato, el gobierno de PSOE y Podemos-Guanyem reabrió la estación de autobuses y forzó de nueva a las empresas concesionarias a utilizar el Cetis. Voramar el Gaucho también presentó un recurso contencioso administrativo contra esta decisión del Consell que aún está pendiente de resolución.
El gerente de Voramar el Gaucho, José María Cardona, justifica esta acción judicial de la compañía contra el uso obligatorio desde mediados de 2019 del Cetis en el hecho de que, según su criterio, la infraestructura «no cumple los requisitos adecuados con los que ha de contar una estación». «Seguimos con la misma idea sobre los perjuicios que ocasiona», indica Cardona, que recuerda que las empresas tienen la obligación de pagar 3,70 euros por cada entrada y salida de la estación (en 2013 el coste era de cinco euros), también cuando los vehículos hacen parada en el exterior de la terminal. Además, los pasajeros tienen la obligación de pagar 10 céntimos (se carga en el coste del billete) por el uso de la estación aunque cojan el autobús en una parada de la avenida de España. «No creemos que sea lo correcto», resalta Cardona.
En cuanto a la última sentencia que descarta el cobro de una compensación por el uso obligatorio del Cetis entre julio y diciembre de 2013, el gerente de Voramar el Gaucho asegura que se ha recurrido en apelación. En su demanda, y así lo refleja la sentencia, la compañía alega con un informe de la consultora Tool Alfa que la obligación del uso de la estación se traduce en diversos cambios sustanciales en la operativa del transporte: cambio de longitud en las líneas que repercute en mayores costes por el incremento de consumo y un mayor tiempo para cubrirlas, lo que supone, además, una mayor necesidad de vehículos y personal. Sostiene que si todos estos costes se cargasen sobre los billetes del transporte «los incrementos de precios serían relativamente importantes» y «determinados usuarios» podrían dejar de usar este servicio.
1,1 millones de sobrecoste al año
Pese a que no se aportó en la causa, un informe de la compañía estimaba en algo más de 1,1 millones de euros el sobrecoste anual por el uso del Cetis. «Nos afectaba más que nadie porque tenemos más líneas y frecuencias que otras compañías. A nosotros nos supone el 70% del total. Necesitamos que se compense», defiende Cardona.
La sentencia hace referencia a un informe del Consell, de junio de 2013 (antes de la apertura del Cetis), en el que se calculaba que el daño que ocasionaría la apertura de la estación a las compañías ascendería a 833.869 euros. También menciona otro informe del Consell, del 7 de noviembre del mismo año, en el que aludía al descenso del número de viajeros, la caída de ingresos en las concesionarias y las quejas de los usuarios por las incomodidades de la estación.
