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Otras 170 solicitudes de VTC están a punto de resolverse por mandato judicial

Imagen de archivo de VTC en el aeropuerto de Ibiza. | J. A.RIERA

Imagen de archivo de VTC en el aeropuerto de Ibiza. | J. A.RIERA redacción. eivissa

Los servicios técnicos del Consell de Ibiza están a punto de resolver otras 170 solicitudes de licencia de Vehículo de Transporte con Conductor (VTC) a raíz de las sentencias que obligan a la institución insular a tramitarlas. Hace unos meses, el Consell concedió una primera tanda de 30 licencias de VTC en ejecución de sentencia, lo que supone casi doblar el número de vehículos de este tipo autorizados en la isla hace seis años (50) cuando se estableció un cupo máximo. El Consell tiene que tramitar más de medio millar de solicitudes de licencia por el vacío legal que se produjo entre la modificación de la ley estatal de ordenación de transportes terrestres, en 2009, y la aprobación del reglamento, seis años después, que habilitaba a las comunidades autónomas a fijar un cupo máximo.

Inicialmente, el Consell denegó la concesión de las 30 licencias de VTC al no acreditarse que el domicilio fiscal de la empresa estaba en Ibiza, pero finalmente la compañía, Ares Capital, presentó la documentación y obtuvo los permisos

El director insular de Transportes, Roberto Algaba, descarta que, en el caso de que se autoricen estas 170 nuevas licencias de VTC, puedan circular por la isla este verano debido a «los plazos administrativos». En concreto, tras la aprobación se abre un plazo de un mes para recurrir en alzada el acuerdo (las asociaciones de taxistas lo hacen) y, luego, la Administración tiene un plazo de tres meses para responder. En el momento que se resuelven estos recursos, la concesión de la licencia deviene firme, según Algaba.

De todos modos, este verano hay muchas VTC de Mallorca que están trabajando en Ibiza, según Algaba, que recuerda que el Govern balear anunció que iba a impedir que se pudiera dar el salto de una isla a otra.

Aparte, hay algo más de 300 solicitudes de licencia de VTC que el Consell, en ejecución de sentencia (por el vacío legal apuntado), tiene que tramitar.

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