«Respetamos absolutamente la decisión, pero desde el Govern continuamos con la convicción de que lo que hizo la directora general de Salud fue tomar una decisión motivada por una situación muy concreta de peligro para la salud pública». Así defendió ayer Juan Pedro Yllanes, vicepresidente del Ejecutivo autónomo, la actuación de Maria Antònia Font, la alto cargo del Govern que dio la orden de confinar a los estudiantes del macrobrote en el hotel covid de Mallorca y que ha sido imputada por presuntos delitos de detención ilegal y prevaricación.
Durante una visita al Vivero de Empresas de Ibiza, Yllanes destacó que la directora general actuó «dentro de sus competencias y respetando los derechos fundamentales de los afectados».
Por lo tanto, el vicepresidente y conseller Transición Energética y Sectores Productivos reiteró que el equipo de gobierno apoya la forma de proceder que Maria Antònia Font tuvo en su momento para contener la propagación del virus en Mallorca.
No obstante, Yllanes matizó que, «como no podía ser de otro modo», respetan «los pasos que pueda tomar la Justicia».
Font está ahora siendo investigada por un juzgado de Palma y tendrá que declarar en calidad de investigada el próximo 7 de septiembre. La directora general de Salud Pública fue quien ordenó el confinamiento bajo vigilancia policial de cerca de 300 estudiantes que se encontraban en Mallorca a finales de junio en el Hotel Palma Bellver y se vieron afectados por un macrobrote de covid. También se investiga si pudo cometer un delito de prevaricación.
