El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, anunció ayer de nuevo, en el discurso que abría el debate de política general, que la institución pedirá al Govern balear «una propuesta legislativa» para «limitar el número de vehículos que entran en la isla», también de autocaravanas, agregó posteriormente, para «garantizar la sostenibilidad y el equilibrio de la isla». Con este anuncio, Marí recupera el compromiso que lanzó en su discurso de investidura hace dos años y que, pocos meses después, el vicepresidente segundo, Javier Torres, de Ciudadanos, frenó al afirmar que antes de adoptar una medida de este tipo había que esperar a la mejora de las carreteras y del transporte público, con las nuevas concesiones de autobús previstas en 2023.
En el debate posterior con los grupos políticos, Marí justificó que la isla es «un territorio limitado» y «no se puede crecer de forma ilimitada». También dijo que Ibiza «sufre problemas puntuales de masificación de tráfico» y que, por ello, se necesitan medidas legales para poder controlarlo.
En el debate y posterior votación de las propuestas de resolución con el que se cierra el debate de política general, el equipo de gobierno concretó más su propuesta. Se acordó por unanimidad, a propuesta de Ciudadanos, instar al Govern a que tramite «un decreto ley para regular el acceso de vehículos de alquiler y autocaravanas en la isla». PSOE y Unidas Podemos, que reclamaron extender esta restricción a todo tipo de vehículos, votaron a favor después de que el vicepresidente segundo, Javier Torres, se comprometiera a «hablar» sobre su petición cuando se tramite la normativa que lo debe regular.
Propuesta de nuevo PTI este año
Torres insistió ayer en que con la mejora de las carreteras y el transporte público aún «hay capacidad de mejora de la movilidad para reducir la sensación de saturación», pero «llegará un momento en que habrá que plantear límites» y, por ello, «se ha de empezar a tratar».
Otro de los anuncios que lanzó el presidente es el compromiso de que «antes de final de año» se presentará una propuesta de modificación del Plan Territorial Insular. También dijo que proteger «significa aumentar las inspecciones en suelo rústico», al tiempo que destacó que ahora se tramitan expedientes de infracción por valor de seis millones de euros, cuando en 2018 la cifra era de 120.000 euros.
Antes de hacer un repaso a algunas de «las 408 acciones» del gobierno de PP y Cs, el presidente destacó que la pandemia sanitaria ha condicionado la acción de gobierno. Destacó que se están tramitando 86 expedientes por pisos turísticos ilegales con multas que suman hasta un millón y medio de euros, cuando en 2016 el anterior gobierno de izquierdas sólo había abierto ocho expedientes.
También se refirió a las fiestas ilegales en viviendas turísticas, «una actividad totalmente irregular que supone un riesgo para la salud y la propia imagen de la isla». «No podemos mirar hacia otro lado. Tenemos que abordar este problema y ofrecer alternativas porque, en este caso, la inacción no es una opción», agregó.
En este sentido, el portavoz del grupo del PSOE, Vicent Torres, criticó «la incapacidad» del equipo de gobierno en «dar una solución al principal problema de orden de la isla». «No vamos a cambiar la Constitución para que la Policía pueda entrar en las casas. Actúe con las competencias de ordenación turística del Consell», resaltó.
El portavoz del grupo del PP, Mariano Juan, recordó que hace meses advirtió al Govern balear de que se debían tomar medidas para evitar las fiestas ilegales. El equipo de gobierno aprobó ayer una propuesta para pedir al Govern que el decreto de medidas covid incluya la retirada inmediata de la licencia turística de una vivienda en la que se celebre una fiesta ilegal.
LAS CLAVES
CRÍTICA DEL PSOE
«Construyeron autopistas y ahora quieren limitar la entrada de vehículos»
El PSOE critica la contradicción del PP al «hipotecar» la isla con las autopistas y querer ahora limitar la entrada de vehículos.
FIESTAS ILEGALES
PP y Cs piden la retirada de la licencia turística
PP y Cs piden que se pueda retirar de inmediato la licencia turística de la casa en la que haya una fiesta ilegal.
