El Ayuntamiento de Sant Josep seguirá adelante con el proceso para desalojar a la cincuentena de familias que viven en tres escaleras del bloque A de los apartamentos Don Pepe «porque hay un riesgo para la seguridad de las personas», después de que un auto judicial haya descartado la suspensión cautelar de la orden municipal para evacuar el edificio. Este mismo auto supedita el desalojo a que el Consistorio facilite una morada a los afectados mientras se garantiza la estabilidad del edificio «si técnicamente es viable», una medida que Sant Josep piensa recurrir y que ayer se interpretaba de manera completamente dispar por las dos partes en conflicto.
Para los vecinos, el Ayuntamiento está obligado a ofrecer «una solución habitacional que, según Juan Nadal [el abogado que les representa] debe ser una vivienda y no un apartamento turístico por dos meses», subraya la presidenta de la comunidad de propietarios, Silvia Hernández. Por su parte, el alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, incidió ayer en que este realojo temporal solo les compromete en caso de que las obras para asegurar el edificio «técnicamente fueran viables», según reza el auto.
El edificio afectado, uno de los dos que conforman los apartamentos Don Pepe, se encuentra fuera de ordenación porque no aparece su licencia de construcción de 1964 en su expediente municipal, donde solo se encuentra la del bloque B. «Lo que entienden nuestros servicios jurídicos [...] es que no se pueden llevar a cabo estas obras porque legalmente tampoco es posible conceder esta licencia», apuntó el alcalde.
Realojo de dos meses
Así, entiende que la obligación de realojar temporalmente a los vecinos, tal y como establecen los juzgados, acabaría cuando concluya el expediente de declaración de ruina. De todas maneras, Guerrero ya anunció ayer que iban a recurrir este punto del auto judicial porque «le carga un deber al Ayuntamiento que excede sus competencias y obligaciones».
Guerrero no quiso aventurar una fecha aproximada para la finalización del expediente de ruina, ya que depende de si se presentan alegaciones («de momento no hay ninguna») en el plazo de 15 días dispuesto para ello.
El Ayuntamiento mantiene su oferta para un alojamiento durante dos meses a los vecinos del Don Pepe en los apartamentos Bon Sol de Platja d’en Bossa, tal y como hizo el año pasado con las dos primeras escaleras evacuadas en este mismo edificio. Más allá de este periodo, «a las personas que necesiten algún tipo de ayuda, se le ofrecerá a través de los servicios sociales».
"Los vecinos deben abandonar el edificio de manera voluntaria ante el riesgo que están asumiendo"
El auto judicial recoge que existen discrepancias entre el informe municipal y el del equipo de arquitectos contratado por la comunidad de propietarios a la hora de valorar la estabilidad del edificio, si bien ambos coinciden en que existen problemas estructurales. No obstante, el juez avala que , tras la caída de una parte del forjado en un apartamento producida el año pasado, y que dio paso a los primeros desalojos, «es innegable la existencia de un interés público en salvaguardar la seguridad [de los moradores]». Así, Guerrero considera que los vecinos deben abandonar sus propiedades «de manera voluntaria» dado «el riesgo que están asumiendo». En caso contrario, el Ayuntamiento ejecutará este desalojo, que avisa que debe ser «inmediato».
«Victoria agridulce»
Por su parte, la presidenta de la comunidad de propietarios, Silvia Hernández, calificaba ayer de «victoria agridulce» el auto judicial. Por una lado, lamenta que el Ayuntamiento ahora podrá llevar a cabo el desalojo, aunque el recurso presentado por los vecinos continuará por la vía ordinaria tras denegarse su suspensión cautelar.
«Allí viven familias con niños y, si las viviendas estuvieran en mal estado, no se hubieran quedado"
«Pero el juez ha mirado por los vecinos y nos protege nuestro derecho fundamental a tener una vivienda», destaca Hernández. La representante vecinal también entiende que los vecinos de las escaleras 1 y 2 que tuvieron que abandonar sus domicilios el año pasado, como es su caso, también deberían ser realojados de nuevo a raíz de otro auto del mes de noviembre pasado «que el Ayuntamiento no ha hecho efectivo».
La comunidad de propietarios también valora que el juez recoja en su texto que existen informes técnicos contradictorios y subraya que, en el caso del municipal, solo se realizó mediante inspecciones a las escaleras 1 y 2, la primera de ellas luego apuntalada. «Nuestro arquitecto visitó todas las viviendas de todas las escaleras y las de la 3, 4 y 5 las ha vuelto a revisar, y ahora el Ayuntamiento solicita su desalojo con informes del año pasado de las otras dos escaleras», lamenta.
«Allí viven familias con niños y, si las viviendas estuvieran en mal estado, no estaríamos allí». «Nuestros informes, en los que ha participado un equipo de tres arquitectos, indican que hay patologías reparables, pero que el edificio no se cae», incide la presidenta de la comunidad.
«Hay vecinos en una situación económica penosa»
La representante de los propietarios del Don Pepe, Silvia Hernández, vivía en una de las dos escaleras desalojadas el año pasado. Tras pasar dos meses y medio en el Bon Sol, ahora buena parte de esos afectados se ven obligados a seguir pagando sus hipotecas y hacer frente al alquiler de otra vivienda. «Hay vecinos que están quedado en una situación económica penosa y una está a punto de que le embarguen el coche», lamenta. Por ello, critica que la concejala de Vivienda, Guadalupe Nauda, «comparara este caso con el de unos okupas en Santa Eulària. A nosotros nos quitaron nuestras casas».
