La Asociación de Comerciantes de Sant Antoni no sabe nada, según explica su presidente, Joan Ribas, de la nueva ordenanza de ocupación de la vía pública que el alcalde, Marcos Serra, prevé aprobar inicialmente en el pleno de este mes después de que el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) haya declarado nula la anterior, de 2017, porque, en su día, no se sometió a una consulta previa con los sectores afectados. El representante de los comerciantes también desconoce que se haya hecho una consulta previa de la nueva ordenanza tal como Marcos Serra asegura que se ha hecho.
El representante del sector de la restauración de la Pimeef en Sant Antoni, Miguel Tur, tampoco sabe nada, al igual que la secretaria general de la organización empresarial, Maria Àngels Marí, ni de la consulta previa ni de la ordenanza.
En concreto, Marcos Serra dijo el jueves que «hace un par de semanas» se hizo «la audiencia previa» sobre el contenido de la nueva normativa que regulará las terrazas (condiciones y horarios) en el caso de la restauración y de los expositores en el de los comerciantes, entre otras muchas cosas, y que, precisamente por ello, «se podrá llevar al próximo pleno» su aprobación inicial. Al ser preguntado sobre cómo se ha hecho esta consulta previa, el alcalde respondió ayer que la propuesta de la modificación de la ordenanza ha estado «10 días publicada en el tablón de anuncios de la web del Ayuntamiento». También dijo que «después de la aprobación inicial habrá 30 días más para que se presenten alegaciones».
Precisamente, este último tramite no basta sin una consulta previa a la redacción de la propuesta de reglamento en la que se recojan las propuestas de los sectores afectados, según la sentencia del TSJB que ha declarado la nulidad de la ordenanza anterior. En concreto, la ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas especifica que «con carácter previo a la elaboración del reglamento se substanciará una consulta pública, a través de la web de la Administración competente, en la que se recabará la opinión de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la norma». También dice que esta consulta se hará de «tal forma que los potenciales destinatarios tengan la posibilidad de emitir su opinión».
Falta de diálogo en el gobierno
Paradójicamente, el primer teniente de alcalde y responsable de la concejalía de Comercio, Joan Torres, de PxE, tampoco sabe nada de dicha consulta previa ni del contenido de la nueva ordenanza. «Espero que me informen de ello antes del pleno», dice con ironía.
Aparte de destacar que la anulación de la sentencia se debe a «un defecto de forma» en su tramitación, «y no a su contenido», Torres admite que en el equipo de gobierno «se comentó hace tiempo» la intención de modificar esta ordenanza para aclarar algunas cuestiones de la anterior, pero ni se concretó ni se ha consensuado.
De hecho, Torres asegura que, cuando el alcalde le traslade su propuesta, no se pronunciará hasta que recoja la posición de las patronales de comercio y restauración. «Hay que consensuarlo con el sector», subraya Torres.
