Óscar Roberto Flores, vecino de Santa Eulària, denuncia haber sido desahuciado de la casa en la que vivía de alquiler junto a su mujer y a sus tres hijas menores sin haber recibido previamente la comunicación del lanzamiento del mismo ni la orden de desalojo. Por dicho motivo, y destacando también el «abuso de poder» sufrido por parte de los agentes del orden que se presentaron en reiteradas ocasiones en su residencia para «obligar a su familia a abandonar la residencia», el afectado ha cursado una denuncia por delito de coacciones para impedir el uso legítimo de la vivienda.
Flores explica que desde hacía tres años residía en la vivienda junto a su familia, en Sant Carles, por la que pagaba una cantidad mensual de 650 euros al mes, de los que dispone de recibo. El contrato de arrendamiento expiró a finales de 2019 y la propietaria le manifestó su deseo de no prorrogarlo. Sin embargo, debido a la situación de pandemia por el covid y a la imposibilidad de buscar otra vivienda en esas circunstancias, el hombre acordó con la arrendataria que se quedarían en la casa hasta que encontraran otra residencia.
« Ella [la propietaria] cogía el dinero del alquiler sin decirnos lo que estaba haciendo a nuestras espaldas»
La familia continuó pagando «religiosamente» el alquiler, sin pensar «en ningún momento» que, mientras tanto, la mujer estaba iniciando el lanzamiento del desahucio «a sus espaldas», aseguran. Un año y medio más tarde, el pasado 14 de junio, y «sin haber vuelto a recibir noticias de la propietaria» para que abandonasen la casa, según Flores, su mujer se encontró con la cerradura de la puerta principal cambiada al volver del supermercado junto a sus hijas, de 14 y 4 años. «La propietaria cogía nuestro dinero de la mensualidad sin decirnos lo que estaba haciendo a nuestras espaldas», lamenta Flores.
La cerradura cambiada
Tras comprobar que no podían entrar en la vivienda, la esposa llamó a Flores, que estaba trabajando. La familia desahuciada se puso en contacto con la arrendataria para solicitar el acceso a la vivienda con el fin de recoger algunas de sus pertenencias, «incluida la medicación para el asma» de una de las hijas, explica el padre, petición que le fue denegada por la propietaria, quién le remitió a su abogado para que todo se hiciese de «manera legal». Al día siguiente, la familia regresó a la casa, de la que habían sido expulsados de «forma ilegal», remarca Flores, entraron y volvieron a cambiar el bombín de la cerradura. «No sabía qué hacer», explica el afectado, que ha tenido que faltar al trabajo debido al estrés que le producía «no tener un sitio donde dejar a su familia durante el tiempo que duraba su jornada laboral». «¡Estábamos sin casa!», exclama Flores. Cuatro días más tarde, cuando la propietaria se dio cuenta de que la familia se encontraba de nuevo en la casa, se presentó en la vivienda y les «increpó con insultos», según explica el afectado, para que salieran.
« Desde el Juzgado de Ibiza trataron de ponerse en contacto con ellos en diferenets ocasiones»
A continuación, la Guardia Civil acudió a la vivienda durante los días siguientes para «intimidar» a su mujer y a sus hijas, critica Flores, que en esos momentos se encontraba en el trabajo. Uno de los días, y como mostró Flores a este diario en un vídeo que grabó su mujer, dos de los agentes se presentaron en la puerta con un mazo de grandes dimensiones, afirmando que si no abrían la puerta y salían la «tirarían abajo». El cuarto día, la Guardia Civil volvió con cuatro agentes, más otros cuatro de la Policía Local y un cerrajero, entraron en la casa y, según cuenta Flores, detuvieron a su mujer y se llevaron a sus hijas en el coche de atestados hasta una casa de acogida, « sin la presencia de un agente de servicios sociales que se hiciera cargo de ellas». Tras tres días y tres noches en las que su mujer estuvo retenida en el calabozo, el afectado consiguió sacar a las niñas de la casa de acogida y fue entonces cuando fue detenido en las dependencias municipales.
Una mudanza a la fuerza
Una vez el matrimonio salió de comisaría, y tras reencontrarse con sus hijas, que se habían quedado con unos amigos de la pareja, la familia acudió a los Servicios Sociales de Santa Eulària, que les facilitaron un alojamiento temporal de urgencia durante seis noches. Desde el Consistorio explicaron no haber podido hacer nada con respecto a la paralización del desahucio, puesto que este «estaba oficialmente en marcha» cuando la familia se puso en contacto con ellos. Actualmente, el matrimonio y sus hijas han encontrado una nueva vivienda en Sant Antoni, gracias a la ayuda de Servicios Sociales, a la que se mudarán en los próximos días. Una de las hijas, de 14 años, comenzará a recibir tratamiento psicológico debido al estrés al que se ha visto sometida durante estos días, relata su padre. «Mi familia nunca se había visto envuelta en una situación así. A mis hijas les ha afectado mucho», lamenta Flores.
Desde la representación legal de la propietaria de la casa de Sant Carles, el abogado Aaron Rivera alega que ningún miembro de la familia «abrió la puerta a la comisión judicial cuando iba a llevar las notificaciones del desahucio» o que se «escondían» para no recibirlas. Por ese motivo, explica el letrado, la familia no habría recibido la denuncia ni la sentencia del juez con el aviso de desalojo, aunque desde el Juzgado de Ibiza, asegura, trataron de ponerse en contacto con ellos en diferentes ocasiones. Unas acusaciones que la familia niega tajantemente.
