Los sindicatos que representan al personal del Consell de Ibiza garantizan que el proceso de regularización del complemento de productividad no supondrá la pérdida de 252 euros de su salario. El presidente de la junta de personal, Nino Díaz, de CSIF, sostiene que cuenta con «el compromiso firme y absoluto» del equipo de gobierno de que, mientras no se regularice la productividad, los trabajadores seguirán cobrando igual.
En todo caso, Díaz explica que el ingreso de los 252 euros van a «consolidarse» a través de «otra herramienta administrativa» y su ingreso no va a verse afectado. La regularización de este complemento sí va a afectar, en cambio, a otros funcionarios, sobre todo con funciones de mando (jefes de sección, se servicio o negociado), que para ingresar este plus salarial, el de productividad, deberán justificar una serie de objetivos «medibles y evaluables» que el Consell debe determinar a través de un reglamento que se negocia con los representantes del personal.
Tal como avanzó hace unos días este diario, el equipo de gobierno del Consell se ha propuesto regularizar antes del 31 de agosto el complemento de productividad después de que el jefe de servicio de Recursos Humanos haya constatado, a través de un informe jurídico, que la productividad que se cobra desde 2006 como adelanto, entonces, a la prevista equiparación salarial del personal del Consell con el del Govern y el plus de residencia con el de Canarias, «no se ajusta al concepto admitido legalmente y por la jurisprudencia».
Los sindicatos lo asumen
El representante del CSIF, el sindicato mayoritario en la junta de personal, al igual que el representante de UGT, Juan Luis Núñez, asume que este complemento, tal y como se concibió hace 15 años y como advierte el jefe de servicio de Recursos Humanos, «no puede ser continuo en cuantía y en el tiempo»; es decir, que sea una asignación fija mensual igual para todo el personal. La ley determina que el plus de productividad se puede otorgar de manera individual según el puesto de trabajo y siempre y cuando se cumplan una serie de objetivos, que sean «evaluables y medibles».
Los representantes del personal rechazan que esta cuantía mensual se consolide a través de la carrera profesional
Ahora bien, los 252 euros que ahora cobran todos los trabajadores por este concepto no se verán afectados por esta regularización, según Díaz, porque «se consolidarán», ya sea como un complemento de «insularidad» u «otras herramientas administrativas». «Veremos de qué manera se puede solucionar», indica.
Por su parte, Juan Luis Núñez, de UGT y que representa al personal laboral, asegura que si se recortaran los 252 euros mensuales «sería la puntilla a los servicios públicos», ya que, en el caso de los niveles más bajos supondría la pérdida del «20% del sueldo» de los trabajadores. También apunta que hay «diversas vías para solucionarlo» y pone el ejemplo del Consell de Mallorca, que «ya lo ha hecho».
Tanto el representante de CSIF como UGT rechazan que la consolidación de este ingreso se haga a través de la carrera profesional, a pesar de que es una de las opciones que maneja el equipo de gobierno. «No se pueden mezclar las dos cosas», coinciden los dos representantes sindicales. Díaz insiste en la necesidad de que se apruebe una nueva Relación de Puestos de Trabajo, «en la que se especifique la escala salarial que corresponde a cada trabajador. En este sentido, indica que la Administración «no ha avanzado tanto» y algunos perfiles profesionales se han quedado muy por detrás».
El informe avisa del eventual retorno del plus cobrado durante cuatro años
Los sindicatos CSIF y UGT descartan esta posibilidad y no lo ven como una amenaza real
El informe del jefe de servicio de Recursos Humanos advierte de que, en el caso de que se considerara nulo el complemento de productividad, en aplicación de la ley de procedimiento administrativo, podría suponer «la obligación de devolver las cantidades indebidamente percibidas durante los últimos cuatro años». Se refiere, fundamentalmente, al personal laboral, aunque tampoco lo descarta para los funcionarios, porque en el caso de los primeros el convenio laboral no prevé el abono de incentivos.
El representante de UGT Juan Luis Núñez, miembro del comité de empresa, asegura que esta posibilidad «no se contempla». «Ni mucho menos», agrega. En los mismos términos se pronuncia el presidente de la junta de personal, Nino Díaz, de CSIF, que no ve este extracto del informe jurídico del jefe de servicio de Recursos Humanos como «una amenaza real» y lo atribuye a la intención de justificar la necesidad de que «cuanto antes se vire hacia otra dirección» (se regularice el cobro del complemento de productividad) ante «una realidad que imponen el Estado y la Unión Europea».
Por su parte, el equipo de gobierno declinó manifestarse sobre este asunto, con el argumento de que «se está trabajando en ello» y de momento «no hay ninguna novedad».
