La fiscalía de Balears no apoya al Govern en su decisión de que los jóvenes que se trasladaron a Mallorca en viaje de estudios, y que provocaron un contagio masivo, estén confinados todos juntos en el hotel covid. El Ministerio Público, si bien tampoco considera que se trate de una detención irregular, como han denunciado algunos de estos chicos, no cree que este confinamiento masivo, justificado por razones sanitarias, sea legal. Por tanto, se cuestiona la decisión que adoptó el domingo la directora general de Salud Pública, que ordenó el traslado forzoso de todos los estudiantes de su lugar de residencia, al hotel covid, que está situado en el Passeig Marítim de Palma.
El fiscal se ha pronunciado en contra de este confinamiento impuesto por el Govern a petición de la jueza del juzgado de lo contencioso administración, que es quien debe decidir finalmente si la decisión de la directora de Salut Pública es ilegal, o en cambio se ajusta a derecho. La opinión del fiscal no es vinculante y tiene el mismo valor que el informe que ha realizado la abogacía de la comunidad autónoma, que sí defiende la legalidad de esta decisión política. El juzgado, antes de pronunciarse sobre esta polémica jurídica, pidió ayer que le ampliara la información que requirió. Está previsto que hoy se pronuncie sobre este asunto.
En el informe enviado al juzgado el fiscal entiende que no se puede justificar que se contemple que todos los jóvenes que viajaron a Mallorca en viaje de estudios sean sospechosos de estar contagiados de la covid, sobre todo teniendo en cuenta que esta drástica medida no se ha adoptado ni con los trabajadores, ni con los otros clientes que estaban hospedados en el mismo hotel. También cuestiona el escrito del Ministerio Público que la orden administrativa que se aprobó el pasado domingo no concrete si los jóvenes que están confinados en el hotel en contra de su voluntad, están contagiados o solo han tenido contacto con portadores del virus. Por lo tanto, el fiscal es partidario de que se permita la salida de los estudiantes, que no están conformes en mantenerse en cuarentena en el hotel, al menos los que no han dado positivo en los test de contagio.
La decisión judicial sobre este polémico caso preocupa de forma especial al Govern. Es cierto que la jueza no está obligada a guiarse por el criterio que marca la fiscalía en su informe, pero en el caso hipotético de que coincida con este razonamiento jurídico, supondría un duro golpe para el Govern, y en especial a la conselleria de Salud. El Ejecutivo, que ha acudido a los tribunales en busca de la bendición de los jueces ante estas drásticas decisiones acordadas por razones sanitarias, se vería obligado a dejar marcharse a los jóvenes estudiantes a su ciudad de origen. Salud no contempla este escenario, porque entiende que esta decisión de confinar es por razones sanitarias.
En el hotel hay 249 estudiantes, de los que 64 están contagiado con el virus.
La jueza rechaza que los adolescentes estén retenidos de forma ilegal
El juzgado de guardia de Palma recibió ayer unas 200 demandas de ‘habeas corpus’
La jueza del juzgado de guardia de Palma rechazó, coincidiendo con el criterio de la fiscalía, que los estudiantes estén retenidos ilegalmente en el hotel covid. La magistrada Ana San José, del juzgado de instrucción número 5 de Palma, denegó en la noche del lunes tres peticiones de habeas corpus planteadas por jóvenes que están hospedados en contra de su voluntad, por razones sanitarias, en el hotel Meliá Bellver. Ayer se plantearon en el juzgado de guardia de Palma, el de instrucción número 6, unas 200 peticiones de las mismas características, denunciando la detención ilegal.
Una de las primeras denuncias fue planteada por los abogados Luis Baena y Bochika Bitata, que intentaron el pasado lunes entrevistarse personalmente con el grupo de estudiantes que le había requerido, pero no pudieron hacerlo al no permitirles la entrada en el hotel covid del Passeig Marítim de Palma. Los abogados acudieron al juzgado de guardia para presentar un escrito denunciando la detención ilegal de los estudiantes, solicitando a la jueza que ordenara que les dejara regresar a sus domicilios, sobre todo a los que habían dado negativo en las pruebas PCR.
A esta petición se opuso el fiscal. La magistrada señala en su resolución que la estudiante que presentó la denuncia no estaba detenida por cometer un delito, sino que estaba confinada por «razones de salud pública por resolución de la autoridad administrativa». La jueza se aparta de la polémica, porque entiende que este conflicto jurídico lo debe resolver el juzgado contencioso, ya que se trata de una decisión administrativa que aprobó el Govern, aludiendo a razones de salud pública. En cualquier caso, la jueza señala que la directora general ha acordado una decisión que está dentro de sus competencias.
Multa de 200.000 euros al organizador del concierto de la Plaza de Toros
El Govern ha propuesto una multa de 200.000 euros contra los organizadores del concierto que se celebró el pasado día 15 en la Plaza de Toros de Palma, y que la consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, calificó ayer de «desmadre». Esta fiesta se apunta como uno de los posibles focos de contagios del megabrote que se ha registrado en Mallorca.
Garrido informó también de que se están investigando los diferentes actos en los que participaron los jóvenes afectados, que en sus declaraciones hablan de haber estado en una discoteca ilegal montada en los subterráneos de un hotel, o de las concentraciones y fiestas que se organizaron en el aparcamiento de un parque acuático. Además, se están analizando las imágenes tomadas en estas actividades.
